Un informe elaborado por organizaciones feministas, fundaciones y otras entidades, revela que en Formosa ya se capacitó en perspectiva de género, conforme marca la Ley Micaela, al 61% del personal del Poder Judicial. Así, es una de las únicas cinco en todo el país en superar el 50%. Sin embargo, la cifra también muestra que en la provincia aún falta capacitar al 39% restante, según declaró a La Mañana Marina Gudiño, abogada integrante de la Guardia de Abogadas Feminista de “Católicas por el Derecho a Decidir”.

Las organizaciones Fundación Micaela García, Proyecto Generar; Guardia de Abogadas Feministas de CDD Argentina, ABOSEX; ABOFEM Argentina y CLADEM Argentina presentaron el “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal”.

El informe está destinado a monitorear, desde una perspectiva federal, la manera en la que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires.

En el año 2021 iniciaron de manera conjunta pedidos de información pública sobre el cumplimiento de la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, en el ámbito de los Poderes Judiciales de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a conmemorarse el 25 de noviembre.

Datos provinciales

Gudiño contó que Formosa tardó en responder, pero finalmente dio a conocer los datos, esos que revelaron que el 61% del personal de Poder Judicial ya se capacitó, así como el 93% de los jueces.

De todas maneras, dijo que los datos no son alentadores, porque de las 24 jurisdicciones del país, sólo cinco (esta provincia entre ellas) superaron el 50% y, en el caso del Poder Judicial provincial, aún falta un 39%.

“Todavía falta mucho y es fundamental. Por eso estábamos buscando esta información, porque las sentencias y los procesos por los que atraviesan las personas -sobre todo mujeres y diversidades, que son los más ven vulnerados sus derechos- deben ser atravesados por una perspectiva de género. Entonces, resulta fundamental que esta ley se aplique y efectivamente se capaciten”, dijo la abogada.

Agregó que esto se pone de resalto en el marco de la discusión de una reforma integral del Poder Judicial, con perspectiva de género y basado en Derechos Humanos, algo que “está siguiendo el movimiento feminista”. En este sentido, expresó su preocupación por la falta de respuestas en algunas provincias, como Jujuy, Salta, La Pampa y San Juan.

“Al Poder Judicial le cuesta rendir cuentas, porque no está acostumbrado a que se les solicite, por ejemplo, a través de este mecanismo de los pedidos de información. Eso también hace que no sepamos qué está pasando en esas provincias”, remarcó.

Sentencias

El objetivo final de este movimiento es que se garantice una perspectiva de género en las sentencias judiciales, y en este sentido, Marina Gudiño señaló que si bien ya se observan en algunos casos, se debe en varias ocasiones al trabajo de abogados y abogadas que lo impulsan. Por eso, dijo que “aún falta muchísimo” y no alcanza con un curso por año.

Remarcó, además, la necesidad de que “el pueblo sepa lo que pasa” dentro de la Justicia, cómo llegan las personas a sus cargos, porque “es un poder muy clasista, hermético y con prácticas patriarcales”.