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Algo huele mal



Tan desastrosa es la situación de las y los jubilados en la Argentina que el anuncio de la suba de la mínima a poco más de 50 mil pesos (producto de un aumento del 15,53 por ciento -conforme con la ley de movilidad vigente- más un bono de siete mil pesos mensuales por tres meses) se realizó con la pompa de una gran noticia.

Es cierto que ningún incremento en los haberes de la clase pasiva, y menos en este momento, es despreciable. Pero no puede obviarse que el nuevo “piso” previsional representa, apenas, la mitad de los ingresos que necesita hoy una familia tipo en el país para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria; esto es, para no caer en la pobreza.

Este espacio ha tratado en reiteradas oportunidades este drama argentino, que tiene responsabilidades políticas compartidas. Pero queremos recordar hoy una frase del presidente Alberto Fernández que nos ahorra ahondar en calificativos: “Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir. Quiero vivir en una sociedad en la que todos los que trabajaron toda su vida tengan el respeto que se merecen”.

La frase, pronunciada en campaña hace tres años, es tremenda. Pero hay otra, también del primer mandatario: “No es posible que no les podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron”.

De eso trata la presente columna: del fracaso estrepitoso de la dirigencia política argentina en materia previsional. Gestión tras gestión, resulta clarísimo que las promesas no sólo no se cumplen, sino que toman el rumbo contrario.

Los pequeños aumentos, los bonos y otros retoques de emergencia no alcanzan a disimular un hecho irrefutable: constantemente, las y los jubilados ven perder poder adquisitivo por causa de la inflación, cuando no por cambios negativos en la fórmula de ajuste de sus haberes. Todo ello viene a confirmar otro dato que no puede ser desmentido: los distintos gobiernos toman al sector como una de las principales variables de ajuste.

Según el Mercer CFA Institute, en su informe Global Pension Index 2021, la Argentina tiene el segundo peor sistema previsional sobre una lista de 43 países que abarcan el 65 por ciento de la población mundial. Prueba de que el nuestro no funciona es el monto de la jubilación mínima, que condena a la pobreza de por vida a millones de hombres y mujeres que trabajaron y aportaron durante décadas. Pero también es sintomático de un sistema enfermo la existencia de privilegios irritantes, como los que disfrutan cientos o miles de ex miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en el orden nacional como en las provincias, y entre los cuales se encuentran los dos exorbitantes beneficios que percibe la ex presidenta Cristina Fernández.

Algo huele mal en un país que habilita la existencia de hijos y entenados dentro de su clase pasiva; un país que mientras concede ventajas previsionales descomunales a personajes públicos -y no tan públicos- por un lado, por el otro dilata miles y miles de respuestas a juicios por actualización de haberes de quienes trabajaron toda su vida, pero no tuvieron ni tienen coronita.



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