La fiscalía en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 afirmó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se creó una "herramienta con fines nobles" para dar anticipos a empresas ante casos de fuerza mayor, pero señaló que ese mecanismo se convirtió en un "canal de pago preferencial" para empresas de Lázaro Báez.
La quinta audiencia del alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo enfocada, entre otras cosas, en el análisis de la resolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad dictada con el objetivo de promover el pago anticipado de certificados de obra en casos de fuerza mayor, como podían ser terremotos, aludes y hasta crisis sociales.
En paralelo al desarrollo de la audiencia, la vicepresidenta Fernández de Kirchner volvió a cuestionar, a través de redes sociales, los supuestos vínculos entre el expresidente Mauricio Macri, el fiscal del caso vialidad, Diego Luciani, y el presidente del tribunal que encabeza el juicio, Rodrigo Giménez Uriburu.
Ese supuesto vínculo provocó que el lunes la defensa de la vicepresidenta recusara al fiscal y al juez, decisión a la que este martes se plegaron a través de escritos de sus respectivas defensas Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex Administrado General de la dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, según informó el Tribual Oral Federal (TOF) 2 en el comienzo de la audiencia.
El juicio continuará su curso tal como está establecido en la agenda del tribunal mientras que las recusaciones se tramitarán por vía incidental, es decir, en paralelo; aunque podría darse el caso que en el inicio de la audiencia del próximo viernes se le de la posibilidad al fiscal Luciani de presentar su informe de manera oral, tal como solicitó el lunes.
Buena parte de la audiencia de ayer fue utilizada por la fiscalía para cuestionar la utilización de la resolución 899/2010, firmada por el entonces administrador Periotti, a la que señalaron como una "herramienta con un fin noble" que "sólo usaron las empresas de Báez sin invocar jamás las supuestas razones de fuerza mayor" por las cuales recurrían a ella.
"La resolución 899/2010 fue una herramienta muy eficaz por el fin buscado, por su discrecionalidad", sostuvo Luciani que remarcó que esa herramienta facultaba al administrador general de Vialidad a suscribir convenios de pago anticipado con las empresas que lo solicitaran, de modo "arbitrario" y dando "apariencia legal a la maniobra investigada".
La fiscalía aseguró que aquella medida no tuvo la difusión correspondiente, que "las restantes empresas no tuvieron conocimiento de esta resolución" y que "solo la usó Báez", por lo que concluyó que "la clandestinidad, la opacidad de esta resolución, dieron cuenta del uso que le dieron a esta herramienta" a la que definió como un "canal de pago de preferencia".
En el momento de su indagatoria, Periotti había señalado que esa resolución se dictó en 2010 dado que a principios de aquel año se produjo un alud en Comodoro Rivadavia (Chubut), por un desprendimiento del cerro Chenque.
Por la firma de aquella resolución que ayer cuestionó la fiscalía, Luciani le apuntó a la expresidenta Fernández de Kirchner dado que aseguró que se trató de una herramienta que se le ocurrió a los expresidentes a quienes él acusa de haber sido jefes de una asociación ilícita.
"Mientras a otras empresas les demoraban hasta 600 días (los pagos), a Báez se los adelantaban. El plan diseñado por los jefes de la organización", sostuvo el fiscal para luego indicar que el dueño de Austral Construcciones habría recurrido a esa herramienta en 1.319 oportunidades.
En la primera parte de la jornada de este martes, expuso el fiscal Mola, quien se dedicó a cuestionar modificaciones de obra autorizadas a empresas de Báez en 39 de los 51 contratos viales adjudicados "con excusas o pretextos para extraer ilícitamente más dinero del Tesoro Nacional".
"Se pedían en momentos críticos, cuando las obras debían estar terminadas o próximas a terminar con el fin de postergar fechas de entrega, la modificación fue una herramienta para encubrir la incapacidad del grupo para hacer frente a la avalancha de obras que se les adjudicaba y para hacerse de la mayor cantidad de fondos públicos posible", afirmó el fiscal.
Mola apuntó a la dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz "en connivencia con el contratista seleccionado y también de instanciassuperiores del Estado Nacional".
"La subsecretaría de Obras Públicas a cargo de Abel Fatala, la secretaría de Obra Pública a cargo de José López y De Vido, y también me refiero a los presidentes de la Nación, doctor Néstor Kirchner y Cristina Fernández", apuntó.
La fiscalía también dedicó la quinta jornada de alegato a cuestionar las extensiones de plazos que recibieron las obras adjudicadas a Báez en Santa Cruz.
En uno de los casos la razón fue "nevadas tempranas en el mes de marzo" en Santa Cruz, "sin documentación alguna" para avalar ese motivo y argumentado cuando vencía el plazo para la entrega.
"En otra obra fue más de un año por fuertes vientos, escarcha y lluvia, otra fue por bajas temperaturas. Siempre se pedían cuando estaban por cumplirse los plazos, no en el momento. Todas eran excusas que carecen de razonabilidad", enumeró. (Télam)