Ayer El Tribunal Oral Federal de Formosa condenó a los exjueces del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, a un año y ocho meses de prisión en suspenso, más tres años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En este marco, Williams Dardo Caraballo, abogado querellante de una de las víctimas dialogó con La Mañana de los Sábados calificando al hecho "como un juicio y un hecho histórico, más allá de la condena en suspenso".
"Esto dio cuenta del accionar que llevaron a cabo", comentó y afirmó: "la sensación que uno tiene en lo personal y espiritual es satisfacción".
A su vez, recordó que en la planta baja del edificio de Tribunales cuentan con un espacio para la memoria de las víctimas sobre los hechos y recordó que "en el 2009 el primer juicio al gobernador también fue significativo y trascendió a la sociedad".
En cuanto a la condena, el abogado sostuvo que "estas persoans llegaron a ocupar espacios políticos pero fueron condenados y nunca pensaron llegar a esta instancia porque estuvieron impunes durante casi 50 años".
Hechos
La condena llega tras encontrarlos coautores de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios por omitir hacer denuncias y encubrimiento agravado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cometidos contra ocho trabajadores del Poder Judicial provincial.
Los delitos encubiertos son privación ilegítima de la libertad a empleados del Poder Judicial de la Provincia (secuestros), tormentos agravados, torturas y desaparición forzada de personas en tres casos: Mirta Insfrán, Ricardo Borgne y Zulma Sena.
Ayer se leyó la sentencia y en aproximadamente 30 días se darán a conocer los fundamentos de la decisión de los jueces.
Juicio
Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
Durante el juicio se evaluó la responsabilidad penal de los dos exmagistrados en las acciones y omisiones que permitieron que siete empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño fueran perseguidos, secuestrados -algunos y algunas en sedes tribunalicias- y torturados durante la última dictadura cívico militar, además de suspendidos y/o cesanteados en sus cargos.