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JUSTICIA FEDERAL

Condenaron a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey en la causa por delitos de lesa humanidad

El Tribunal los halló culpables de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios y encubrimiento agravado. La pena es de un año y ocho meses de prisión en suspenso, más tres años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos



El Tribunal Oral Federal de Formosa condenó a los exjueces del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, a un año y ocho meses de prisión en suspenso, más tres años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Esto, por encontrarlos coautores de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios por omitir hacer denuncias y encubrimiento agravado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cometidos contra ocho trabajadores del Poder Judicial provincial.

Los delitos encubiertos son privación ilegítima de la libertad a empleados del Poder Judicial de la Provincia (secuestros), tormentos agravados, torturas y desaparición forzada de personas en tres casos: Mirta Insfrán, Ricardo Borgne y Zulma Sena.

El abogado querellante Williams Dardo Caraballo explicó a La Mañana que en el caso de los dos primeros delitos, se los condena por el Artículo N° 248 del Código Penal y el de encubrimiento por el Artículo N° 277 vigente a la época de los hechos, es decir, en agosto de 1976, que es la Ley Nacional N° 21.388, que tenía una pena más baja para ese delito.

Este viernes se leyó la sentencia y en aproximadamente 30 días se darán a conocer los fundamentos de la decisión de los jueces.

Juicio

Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.

Durante el juicio se evaluó la responsabilidad penal de los dos exmagistrados en las acciones y omisiones que permitieron que siete empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño fueran perseguidos, secuestrados -algunos y algunas en sedes tribunalicias- y torturados durante la última dictadura cívico militar, además de suspendidos y/o cesanteados en sus cargos.

Asistieron a la última audiencia el querellante Adriano Acosta y sus abogados; la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Silvina Arauz, y el abogado querellante por la Secretaría de Derechos humanos de la Nación, Marcelo Gastón Wurm.

Acosta consideró que se trató de un juicio y condena “históricos” en el país y se mostró conmovido tras conocer el fallo. “Estoy un poco aturdido por la satisfacción de que lo que presenté no es en vano. Los abogados que me ayudaron supieron hacer su trabajo para que esto termine de esta manera”, comentó. Pidió también que “el pueblo sepa valorar lo que uno hace en la vida”.

Por su parte, Caraballo dijo que concluyó un proceso que llevó 16 años y fue dilatado en muchas oportunidades por los dos exjueces ahora condenados, y señaló que además de la condena, “se admitió el concurso real de delitos, un desafío que teníamos en términos técnicos porque los requerimientos, si bien hacían referencia, era bueno que el tribunal califique estos delitos como de lesa humanidad, que hasta hoy no los había admitido en cierta manera”.



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