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Aberración global



El allanamiento realizado ayer en pleno centro de esta ciudad, en el marco de una investigación que se desarrolla en distintos países latinoamericanos y en varias provincias argentinas al mismo tiempo, expone, una vez más, el grado de bajeza que es capaz de alcanzar el ser humano gracias a la tecnología.

La rapidez en las comunicaciones, producto de los impresionantes avances de las últimas décadas, ha abierto el mundo a millones de personas y planteado como una realidad el esquema de “aldea global”. Lo que se entreveía hace algunos años era un mundo intercomunicado en el cual el acceso a la información y a la cultura pudiera convertirse en un poderoso motor del progreso.

La realidad, que se terminó de consumar con el sistema global de Internet, contiene los elementos deseables en las primeras épocas, facilitando el acceso en forma prácticamente inmediata a los más completos y poderosos bancos de conocimientos de que dispone la humanidad.

Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo capítulos altamente nocivos, como la posibilidad de que los/as menores de edad accedan a sitios donde se revelan escenas de sexo. Existe hoy, en las redes informáticas, una creciente oferta de imágenes obscenas y de servicios vinculados con la pornografía.

Pero hay algo más grave aún: la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en esas producciones, y su comercialización. En este apartado se incluye la investigación internacional referida al comienzo.

No es un delito infrecuente, por desgracia, la difusión de materiales de representación sexual de niñas, niños y adolescentes en la Web. Cientos de miles de imágenes de chicos y chicas, muchos de ellos torturados o violados, forman parte de vastísimos archivos de fotos y videos de contenidos aberrantes.

Este nuevo tipo de delito, de alcances mundiales, preocupa a la sociedad y a las autoridades, aunque no todos los gobiernos se muestran lo suficientemente firmes a la hora de combatirlo.

No basta con elevar las penas para quienes utilicen a menores de edad con fines exhibicionistas vinculados con redes electrónicas o cualquier otro medio de comunicación. El castigo debe recaer no sólo sobre aquellos/as que participan en la producción directa del material, sino también sobre quienes permiten que la difusión sea posible, como las empresas privadas que prestan el servicio de contener esas páginas escandalosas.

Naciones Unidas viene exhortando a aumentar el control público y la cooperación internacional para reprimir este delito perverso. No se trata de reclamar la aplicación de mecanismos de censura, que afectan la libertad de expresión y suelen resultar contraproducentes, sino de exigir la imposición de sanciones a quienes violen la legislación penal de los diferentes países mediante el uso de redes electrónicas.

En un plano más amplio, corresponde trabajar para que todos los sectores de la sociedad tomen conciencia de la imperiosa necesidad de ejercer una firme protección de las y los menores, que los ponga a resguardo de maniobras que atentan contra los aspectos más nobles y profundos de la dignidad humana.



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