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En un escenario de pandemia, recesión económica y endeudamiento de empresas y familias, se vuelve necesario que el Ejecutivo nacional y diversos referentes de la actividad productiva y del sector financiero acuerden más y mejores medidas de generación de empleo genuino y de inclusión financiera, para lograr que la mayoría de los argentinos y argentinas puedan encontrar un camino de estabilización y recuperación económica.

Se considera que la inclusión financiera se logra con un conjunto de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas mediante la ampliación en el acceso de productos y servicios financieros a personas sin relación bancaria y la alfabetización financiera y tecnológica. En el mundo, unos 2.500 millones de adultos están por fuera del sistema financiero, por lo cual el 40% de la población mundial no cuenta con algún producto financiero, según el Banco Mundial.

Por otra parte, se evalúa que el COVID-19 puso de manifiesto la importancia de democratizar el proceso de inclusión financiera para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder y hacer uso de servicios financieros de la manera más sencilla posible.

También, la coyuntura que se transita hoy obligó a potenciar los medios electrónicos de pago y desalentar el uso del efectivo, situaciones que para ser viables en el tiempo requieren una aceleración del proceso de democratización de inclusión financiera en la Argentina y en otros países que aún tienen sectores excluidos de diversas herramientas relacionadas con las finanzas.

En este marco, algunos profesionales proponen varias metas a ser alcanzadas a través de diferentes políticas públicas. Una de ellas es el acceso amplio a créditos a tasas reducidas, que apunten a lograr el desendeudamiento de numerosas familias y también a fomentar el consumo de diferentes bienes y servicios, para así reactivar la economía interna.

No obstante, numerosos especialistas vienen señalando que el mayor obstáculo en la Argentina es la falta de oportunidades para acceder a una vida digna, debido a que sin empleo ni ingresos económicos, no hay capacidad de pago de los bienes y servicios esenciales ni posibilidad de ahorro para afrontar el abono de deudas.

En otro orden, es fundamental que en nuestro país existan más controles estatales sobre todas aquellas entidades que ofrecen préstamos, porque en muchos casos lo hacen a tasas usurarias, y utilizando publicidades engañosas.

Por lo expuesto, las políticas de inclusión financiera son eficaces cuando se complementan con medidas que apunten a generar inversiones y trabajo registrado, como reducciones de costos laborales para las PyMEs y disminución de cargas impositivas para personas con limitada capacidad de pago. Por ello, resulta fundamental que aquellas personas que ocupan cargos en los niveles Ejecutivo y Legislativo y otros sectores trabajen en conjunto y con seriedad para dejar de lado diferencias partidarias o personales y lograr que más personas tengan acceso a empleo formal, ingresos dignos y herramientas que permitan el desendeudamiento en el mediano y largo plazo.



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