El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó hoy a tres integrantes de una organización narcocriminal a penas de hasta diez años de prisión por considerarlos responsables del delito de "transporte de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas". En el juicio, intervino el titular de la Fiscalía General ante el TOF de esa provincia, Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Tamara Pourcel. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Fabián Martínez.
Para Severiano Maidana, el Tribunal le fijó una pena de diez años de prisión mientras que a César Andrés Retamar y a Julio Cesar Duarte los condenó a siete años y seis meses de prisión, además de declararlos reincidentes. También se les impusieron multas económicas a los tres por 35.000 pesos y se ordenó que sean decomisados vehículos y dinero incautados durante la investigación. Cabe resaltar que durante la investigación se decomisaron 396 kilos de marihuana.
Según se pudo acreditar durante el juicio, Retamar, Duarte y Maidana -junto a otros integrantes de la organización que se encuentran actualmente prófugos-, formaban parte de una estructura narcocriminal dedicada la compra de marihuana en Misiones que luego eran enviada por encomiendas y posteriormente comercializada en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
En este marco, Duarte y Maidana compraban el material estupefaciente en Misiones para luego enviarlo mediante despachos hasta Entre Ríos donde era recibido por Retamar, quien actuaba como "mano derecha" de uno de los organizadores que actualmente se encuentre prófugo. Allí, el material estupefaciente era reducido y luego comercializado a residentes de Paraná y Santa Fe. En el debate, se mencionaron los vínculos con la organización narcocriminal "Los Monos" de Rosario, concretamente en el intercambio de vehículos por estupefacientes.
En la investigación, se corroboró que la organización utilizaba personas en situación de vulnerabilidad (con distintas patologías médicas) para utilizar sus nombres y apellidos como de los envíos. El mecanismo que ese llevaba adelante era valerse de dichas vulnerabilidades para utilizar los nombres y apellidos para los envíos, por lo que eran denominados “prestanombres”. Posteriormente, si tenían problemas legales por los envíos, la banda les prestaba asistencia legal.
Se pudo acreditar en el debate que se buscaba personas con un perfil determinado (enfermas, madres con hijos pequeños, padres de hijos enfermos) para que los mismos al momento de ser detenidos puedan ser beneficiados con prisión domiciliaria. En el juicio, los fiscales señalaron un caso concreto de un hombre que tenía una hija internada con leucemia en grave estado, a quien pudieron acceder bajo la fachada de pertenecer a una Fundación.
Según se pudo probar la modalidad de envío por encomiendas no era la única forma en que la organización ejercía el traslado del material estupefaciente sino que también lo concretaba a través de vehículos particulares que transitaban por rutas nacionales y provinciales. Los integrantes de la banda fueron identificados a través de sucesivas intervenciones telefónicas que se dispusieron, como así también mediante seguimientos, vigilancias y entrevistas encubiertas realizadas por Gendarmería Nacional Argentina. También se requirieron informes a distintos organismos, incluidas identidades financieras, Registro de la Propiedad del Automotor, Registro Nacional de las Personas, entre otras medidas.