El tratamiento que está recibiendo en el Congreso nacional la prórroga de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales significa una oportunidad para repensar las políticas que se aplican en la Argentina en lo concerniente a lo sociocultural, que no tiene que ser dejado de lado por parte de los gobiernos de turno.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó de manera reciente y envió al Senado el proyecto de ley que prorroga por 50 años las vías de financiamiento de actividades como la labor de las Bibliotecas Populares, el cine, la música y el teatro, y cuyo plazo actual expira el próximo 31 de diciembre, de acuerdo a lo resuelto durante el gobierno de Cambiemos.

Cabe recordar que el Artículo 4° de la Ley 27.432, sancionada en diciembre de 2017, estableció la caducidad de las asignaciones específicas para la cultura a fines de este año. La medida afecta a organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), entre otros.

Por otra parte, algunos analistas consideran que los presupuestos recuperados por el mencionado proyecto de ley resultan insuficientes para los desafíos que atañen a la cultura nacional, y que aún resta que se comprenda más ampliamente, tanto a nivel social como en el ámbito de la dirigencia política, la necesidad de que el Estado se vuelva fuerte en el rol que el privado no ocupa: el de soporte de aquellos que precisan incubación. Uno que permita el crecimiento de las vocaciones artísticas y los segmentos preindustriales, para lograr que el mercado absorba más contenidos nacionales, y con mayor representatividad de la diversidad cultural argentina.

También, hay que destacar la intención de la administración nacional de “federalizar” su gestión, para tener en cuenta los requerimientos del interior del país, aunque en los hechos, todavía se está lejos de concretar de manera efectiva ese objetivo en la mayoría de las medidas que se anuncian y que se ponen en marcha, por lo cual varios mandatarios provinciales se reúnen con frecuencia para exponer sus reclamos.

En este marco, las políticas culturales también tienen que ser “federalizadas”, luego de años en los que, por ejemplo, la mayoría de los proyectos audiovisuales que eran financiados a través de asignaciones específicas eran aquellos que se generaban en Buenos Aires.

Por lo expuesto, puede afirmarse que además de impulsar la aprobación de la prórroga de las asignaciones destinadas a solventar las industrias culturales, se requieren más y mejores políticas de Estado en lo concerniente a este tipo de actividades, que deben tener en cuenta los aportes de referentes de diversas áreas, provenientes de todo el país, para sostener, visibilizar y revalorizar la labor de los hacedores de cultura, a lo largo de todo el territorio nacional.