Ayer por la mañana, se firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, que contempla la formación en Derechos Humanos a las fuerzas de seguridad de Formosa. La ceremonia de firma tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto Superior de Formación Policial, frente a más de 600 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales.

Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, Jorge González; el comisario general Walter René Arroyo; la subsecretaria de Derechos Humanos de Formosa, María Sylvina Arauz; y la subsecretaria de Promoción y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro.

“Firmamos un acuerdo marco de muchas acciones en conjunto con la Provincia en materia de Derechos Humanos, pero uno de los ejes es la formación de las fuerzas de seguridad o fortalecer las formaciones que tienen en la Provincia y que vienen trabajando”, comentó Pietragalla.

“Para nosotros es importante poder recomendar ciertos ejes de formación que estén a la altura de los estándares internacionales que piden los organismos de Derechos Humanos”, agregó.

Asimismo, el funcionario recordó que Formosa se comprometió a llevar adelante esta formación y “hoy lo estamos haciendo realidad”; y aclaró: “No todas las provincias se comprometen como se comprometió ésta”.

“Que la Provincia haya accedido, la relación que tiene con la Secretaría de Derechos Humanos en colaboración constante en otros ejes también, no es lo que pasa con otras provincias; y esas provincias no salen en los medios de comunicación y no son cuestionadas”, señaló.

Por su parte, el ministro González sostuvo que el acuerdo apunta a “profundizar los aspectos de la formación en Derechos Humanos” que ya venía trabajando la Policía de Formosa.

“La Provincia ha tomado hace tiempo la decisión de que la construcción de una comunidad inclusiva, que esté organizada y que apunte a que cada uno que la habita tenga mejores condiciones de vida, implica una formación continua de todas las áreas de gobierno”, aseveró.