Ayer a la mañana, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, en este caso contra dos personas que integraron el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia durante la última dictadura militar, Alfredo Bernardo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por “encubrimiento agravado” del secuestro y la desaparición de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.
El Tribunal estuvo presidido por el juez Rubén Oscar Quiñones (TOF Formosa) en forma presencial y vía streaming por la jueza Emilce Rojas (TOF Concepción del Uruguay) y Roberto López Arango (TOF Paraná).
Actuaron como abogados querellantes William Dardo Caraballo y Luis Zapiola, representando a Adriano Acosta, quien impulsó la denuncia. La segunda audiencia está prevista para el viernes 1 de julio a las 7 horas.
Presenciaron la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la subsecretaria de DDHH de la Provincia, Sylvina Arauz; la subsecretaria de DDHH del Chaco, Nayla Bosch; la directora del cuerpo de abogados de la Secretaría de DDHH, Paula Álvarez; y el abogado querellante, Marcelo Wurm Timez.
En lo referente a este tema, la subsecretaria Arauz señaló a La Mañana que las audiencias de este proceso, a las que calificó como “históricas”, son transmitidas a través del canal de YouTube del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Asimismo, la funcionaria indicó que se trata del quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Formosa, tras los procesos concretados en 2009, contra el exgobernador Juan Carlos Colombo; en 2013, por la denominada causa “Camicha”, que tuvo ocho imputados; en 2015, por la causa Echeverría; y en 2016, en el marco de la causa Domato.
Por otro lado, expuso que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Formosa es querellante en la nueva causa, junto a los querellantes particulares. A su vez, detalló que si bien “la Justicia es un poco lenta” para las víctimas, el Poder Judicial está comenzando a dar respuesta a los reclamos de juzgamiento por diferentes hechos ocurridos en la provincia durante la última dictadura militar.