Algunos datos que se conocieron acerca del empleo no registrado en la Argentina marcan la urgencia de que las autoridades implementen estrategias eficaces para incentivar la creación de puestos laborales de calidad y evitar que un día la mayor parte de la economía argentina se termine desarrollando en la informalidad.

De manera reciente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el desempleo cayó en el primer trimestre del año. Afectó al 7% de las personas, en lugar del 10,2% que había marcado para ese mismo tramo del año pasado. Por ello, en el último año se generaron 1,13 millones de empleos en todo el país. Dentro de esta cifra, 549 mil fueron en blanco y 577 mil informales. Esto quiere decir que uno de cada dos puestos de trabajo que generó la economía fue “en negro”.

Según algunos analistas, esta situación responde a un contexto en el que los sectores que pudieron recuperarse luego del impacto de la pandemia son los que más empleo informal están demandando. Asimismo, los efectos de la recesión económica “extendida” obligan a varias pequeñas y medianas empresas de la Argentina a contratar por fuera del alcance de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En total, 21,7 millones de personas en la Argentina conformaron la población económicamente activa, de las cuales 20,2 millones estuvieron efectivamente empleadas y 1,48 millones no consiguieron trabajo.

Además, la tasa de actividad fue del 46,5% de la población económicamente activa. Por su parte, la tasa de empleo fue de 43,3%, lo que marca la cifra más alta para un primer trimestre desde que se renovó la medición de empleo del INDEC en 2016.

Cuando se analiza por género, se observa que la desocupación entre los varones cayó de 9% a 5,9%. Mientras tanto, entre las mujeres disminuyó de 10,4% a 8,3%. En el caso de las mujeres jóvenes, esa mejora fui incluso más pronunciada: pasó de 22,4% a 16,8%. Pero la señal de alerta está dada por la alta informalidad; y no se descarta que los niveles de desempleo vuelvan a subir en el segundo semestre del año, debido a los efectos de la inflación y de la caída del poder adquisitivo de la población.

Hace tiempo que diferentes especialistas aseveran que la informalidad laboral es uno de los diversos problemas estructurales que las autoridades deben enfrentar con rapidez, para evitar que el escenario se agrave y complique de mayor manera el desarrollo normal de la economía y los niveles de recaudación impositiva.

Entonces, se requiere una mesa de diálogo más amplia que la conformada en el marco del Consejo Económico y Social, para sumar a referentes de todo el arco político y a todo aquel sector que pueda aportar ideas para fomentar las inversiones e impulsar una reactivación económica sostenida.

De lo contrario, la informalidad laboral y los demás obstáculos que impiden el pleno desarrollo del país persistirán, y se sumarán a los efectos de la pandemia, en un escenario de descreimiento en la dirigencia política y de desconfianza en las decisiones que se toman para abordar los problemas actuales. Se necesita construir un horizonte de mayores certezas para todos y todas.