Analistas marcan la necesidad de que el país cuente con un Estado ordenado, para evitar excesos en el gasto público y otras situaciones que generen toda clase de inconvenientes en la administración de los fondos públicos.
El Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) evaluó que la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia mantienen altos los precios de las oleaginosas, los cereales y la energía. Argentina supo ser exportadora neta de estos tres complejos hace 20 años atrás. Sin embargo, por su política de atraso tarifario, que desalienta las inversiones en esa área, se convirtió en una importadora neta de energía. La falta de gasoil que se sufre hoy en varias provincias es una de las consecuencias de ese tipo de políticas.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los subsidios a la energía alcanzaron su máximo en el 2014, con el 3,7% del Producto Bruto Interno. El gobierno anterior redujo los subsidios, pero la gestión actual revirtió esta política.
La evolución de los subsidios a la energía con la actual gestión se desarrolló de la siguiente manera: en el 2019, cuando asumió Alberto Fernández, representaban el 1,1% del Producto Bruto Interno; el 2021, ya eran del 2,5% del PBI; y en función de lo ocurrido en el primer cuatrimestre de este año, se proyecta que el 2022 cerrará en un 4% del PBI en concepto de subsidios a la energía.
Para el IDESA, estos datos muestran que los subsidios a la energía se cuadriplicaron en términos del PBI desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, en un contexto de crecimiento del gasto público, elevada emisión monetaria y alta depreciación del peso, que llevó al escenario actual de inflación creciente y escasez de ciertos combustibles.
Por otra parte, si bien la Nación anunció un nuevo cuadro de tarifas del servicio de energía eléctrica, que luego se aplicará en las provincias (probablemente, de forma diferente a la informada por la gestión nacional), resultará insuficiente para ordenar un gasto público sumamente elevado, que puede generar complicaciones a la administración de Alberto Fernández, y aumentar aún más los niveles de emisión monetaria y de inflación.
Por ello, el objetivo de las autoridades debería ser ordenar el Estado, con una reducción de gastos políticos y de otras erogaciones que no sean necesarias, junto con una disminución de subsidios que recaiga sobre los sectores de mayores ingresos y una serie de estrategias en materia económica y productiva que permitan fomentar las inversiones en el área energética, como rebajas de impuestos y otras medidas que pueden ser propuestas por referentes empresariales y otras personas.
En síntesis, es fundamental que las autoridades analicen un plan que permita poner límites sostenidos a la inflación, para luego reducir gastos públicos innecesarios y “actualizar” precios relativos de manera razonable, lo cual permitirá incentivar las inversiones y mejorar la actividad económica. Esto derivará en un aumento de la recaudación impositiva y una mayor posibilidad de ordenar los números del Estado, que tiene la responsabilidad de administrar sus ingresos de forma adecuada. Estas acciones impedirán una crisis de mayor magnitud y sus lamentables consecuencias en el tejido social.