La Justicia Federal fijó para el viernes 24 de este mes a las 8.00 el inicio del juicio oral y público contra los exministros del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, como coautores de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento durante la última dictadura. Asimismo, el debate continuará el viernes 1 de julio.
La audiencia se desarrollará de manera mixta, de modo presencial en la sede judicial de Maipú Nº 262 y de manera remota mediante el sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la titular del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, María Belén López Mace, elevó a juicio esta causa seguida contra los exjueces del STJ.
En la causa, Adriano Acosta (denunciante-querellante) por sí y bajo el patrocinio letrado del Dr. Williams Dardo Caraballo, había solicitado elevar a juicio, peticionando asimismo se declare que la comisión de los ilícitos que se les endilgan a los exmagistrados se dio en el marco de un “genocidio”.
La jueza López Mace los había procesado en 2020 por cuanto “se ha considerado acreditado” que Montoya y Vázquez Rey, “en su carácter de jueces integrantes del Superior Tribunal de Justicia, encubrieron las prácticas represivas e ilegales del gobierno de facto hacia empleados del Poder Judicial de la Provincia de Formosa entre los años 1976 y 1977 (período temporal conforme los hechos acreditados) ejecutadas por el Grupo de Tareas correspondiente al Área Militar 234, con asiento en el Regimiento de Infantería de Monte 29”.
Delitos
La magistrada había considerado en aquella oportunidad que con ello legitimaron “los secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psíquicas que padecieron Elsa Alicia Chagra, Andrés Medina, Ángela Ramona Colman, Raquel Ubalda Lebi, Adriano Acosta, Zulma Sena, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, al omitir controlar la legalidad de las privaciones de la libertad de los referidos -entre otros- y las condiciones de detención”.
También afirma que se avaló dicho accionar con diversos actos tales como firmar las Actas 1081 y Acta 1082 por la cual suspendieron provisionalmente a los cinco primeros (desafectados posteriormente por Resolución Reservada N° 1/77) y declarando la cesantía de los tres últimos, quienes continúan desaparecidos en la actualidad.
Esto último, “fundamentando dicho decisorio en una nota remitida por el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, Martín Alturria, en la que asumía la responsabilidad de dichas detenciones sin consignar detalle de los hechos atribuidos a los mismos ni de la fundamentación por la que dispusieron -ilegalmente- a su respecto”.