En el Congreso de la Nación se impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales y un régimen especial de retiro para personas con determinadas enfermedades, lo cual amerita que las autoridades analicen medidas concretas para evitar que existan inequidades en el sistema previsional argentino.
Por un lado, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a una norma que establece la creación -superpuesta con beneficios ya existentes que cubren estas contingencias- de un régimen de pensiones no contributivas para personas de bajos ingresos afectadas con HIV, Hepatitis B o C y tuberculosis, y para las que son de ingresos medios y altos se les permitirá jubilarse, sin aportes, a los 50 años. La otra iniciativa fue presentada en el Senado, y propone extender las moratorias previsionales.
En paralelo, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino detalló que según datos del Ministerio de Economía de la Nación para el año 2021, se observa que: existen 3,5 millones de jubilaciones otorgadas con las moratorias, de las cuales 800 mil están duplicadas con una pensión por sobrevivencia; estas jubilaciones con moratorias generan un gasto público del 2,4% del Producto Bruto Interno; y el déficit primario del Sector Público Nacional ascendió al 3% del PBI.
Para el IDESA, estos datos muestran que las moratorias tienen un costo fiscal equivalente al 80% del déficit fiscal primario. Por ello, puede afirmarse que seguir otorgando jubilaciones contributivas sin aportes agrava de manera estructural la insolvencia fiscal del Estado argentino, y que con esta dinámica en las finanzas públicas, no hay posibilidad de lograr estabilidad.
Cabe recordar que las moratorias son mecanismos, sin antecedentes en otras partes del mundo, que permiten a una persona simular haber trabajado como autónomo “en negro” para reconocerle aportes no realizados y acceder a una jubilación en idénticas condiciones que una persona que efectivamente trabajó y efectuó los aportes correspondientes. La primera moratoria data del gobierno de Néstor Kirchner, pero luego estos mecanismos contaron con un amplio y transversal consenso político, como lo prueba el hecho de que fueron sucesivamente prorrogadas, incluso durante la administración de Mauricio Macri.
A su vez, se conoció que en el resto del mundo, para contemplar la situación de personas mayores sin aportes, se utilizan las pensiones no contributivas. Este instrumento permite moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios.
Por lo expuesto, se requiere que las autoridades nacionales impulsen, en algún momento, un debate intersectorial profundo, que permita sentar las bases de la elaboración de un proyecto de ley que ponga fin a diferentes inequidades que existen en la actualidad en la Argentina en materia previsional. Se necesita un sistema jubilatorio que limite el número de moratorias y la cantidad de beneficios y de regímenes de privilegio a los cuales pueden acceder ciertas personas, y que evite incrementar el déficit del Estado.