El defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, intimó a la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) Seccional Formosa a que, en el plazo de dos horas hábiles contados a partir de la recepción de la nota, “procedan a designar con nombres y apellidos los choferes que deberán prestar el servicio de emergencia ante el paro anunciado”.
Este pedido se fundamenta en las normativas vigentes y además en lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Formosa en lo Civil y Comercial en el Fallo Nº 19.935 de fecha 14/06/2021, donde se estableció que en estos casos, el secretario general Diego Mendoza y toda la estructura de la UTA Seccional Formosa deben garantizar la continuidad de la prestación del transporte público de pasajeros.
Este servicio de emergencia debe tener al menos una regularidad de dos horas entre una unidad y otra, en todo el recorrido de las líneas afectadas, conforme lo establece la Ordenanza Nº 2143/89, art. 24 de la Ley 25.877 y los arts. 7, 8, 9, 10 y ccdtes del Decreto Nº 272/2006.
Gialluca señaló que, como Organismo de la Constitución, “no nos oponemos al derecho a huelga que posee raigambre constitucional, pero al mismo tiempo, debemos defender el derecho de todos los vecinos - usuarios del transporte público de pasajeros que en Formosa es brindado monopólicamente por la Empresa Crucero del Sur, para que puedan cumplir con sus diversas obligaciones y no hacer caer todo el peso negativo siempre en cabeza de los sectores más vulnerables”.
En este sentido, Gialluca pidió que de manera urgente, el ministro de Transporte, Raúl Alexis Guerrera, adopte las medidas necesarias para “hacer desaparecer de una vez por todas las enormes desigualdades y asimetrías entre los enormes subsidios que perciben las empresas de la Región Central del País y AMBA en relación a los exiguos fondos que se giran a las Provincias del Norte Grande”.
“Es inentendible que para los choferes de colectivos del AMBA se desembolsen cifras de $ 23 millones mensuales; sin embargo, para la totalidad de las firmas de transportes de pasajeros del resto del país, sólo se giran subsidios por $ 3.500 millones”, acotó.
Por eso, consideró necesario que el Ministerio de Transporte de Nación dicte las resoluciones que establezcan una distribución equitativa y federal de los subsidios para que de esta manera se alcance un acuerdo. Así, “evitar que sea la gente quien nuevamente tenga que pagar los ‘platos rotos’ de esta falta de decisión política y así evitar otro paro más de colectivos”, concluyó.