Superados los meses más difíciles a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, uno de los más graves problemas que en estos últimos tiempos golpea con suma dureza a la población, no sólo de la provincia sino también del país, son las enfermedades que trastornan la salud mental, los estados de ansiedad, angustia, estrés y adicción en sus más distintas variables, que causan estragos, y precisamente a quienes más gravemente afecta es a los más vulnerables de la sociedad.

Sobre este tema, el abogado del foro local César Céspedes realizó una presentación ante la Legislatura solicitando la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental, introduciendo en la misma una variante muy particular, que es precisamente la determinación de la modalidad del abordaje y que esencialmente es una de las cuestiones más complejas, dado que no existe una regla clara y concreta para la aplicación y tratamiento del enfermo de salud mental.

Céspedes dijo a La Mañana que a la par de esta adhesión, también considera necesaria la urgente creación del órgano de revisión prevista en la ley nacional, la que además de las autoridades que la integran, deberán estar acompañada de un equipo interdisciplinario, quienes ante la denuncia de hechos vinculados a estos padecimientos, se aboquen en forma inmediata, a fin de evitar el agravamiento de estas situaciones que no sólo causan un grave perjuicio al paciente sino a todo su entorno familiar, ante la impotencia de no saber cómo resolver una situación acuciante y de difícil tratamiento.

En tal sentido, y para la concreción de la finalidad perseguida con la creación de este organismo, es que solicitó al Estado una mayor participación y evitar una infinidad de problemas, no sólo de salud sino también de las consecuencias que la misma genera, tales como los hechos de violencia, y en especial las domésticas, que muchas veces son por motivos de este tipo de patología, “todo lo cual implica la necesidad de una urgente regularización de estas cuestiones, a través de un canal más adecuado y efectivo, para el logro de tal finalidad”.

Protocolos de abordaje

En su anteproyecto, Céspedes consideró “esencial dejar en claro que los servicios de salud mental en las provincias difieren en gran medida, de acuerdo con la localidad y región, por lo que resulta complicado establecer un protocolo común de abordaje, para todos los ciudadanos y que configure una acción efectiva. Motivo por el cual es imprescindible que cada provincia determine el modo más adecuado para el tratamiento de esta enfermedad, que afecta a un enorme porcentaje de la sociedad”.

En tal sentido, propone que el órgano de revisión de salud mental, estatuido en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su decreto reglamentario N° 603/2013, “más allá de la función que tiene la finalidad de proteger los Derechos Humanos de los usuarios de servicio de salud mental, tenga una fuerte injerencia en la modalidad del abordaje, aspecto que resulta relevante para el cumplimento de los fines propuestos en la citada ley de salud”.