El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, solicitó informes a la empresa Crucero del Sur para conocer si dio cumplimiento a los pagos del acuerdo salarial convenido con los trabajadores, frente a las denuncias de un sector de estos últimos, quienes expresaron que nada se ha resuelto aún y, por lo tanto, existe la posibilidad de un nuevo cese en las actividades del transporte público de pasajeros en Formosa.

Por otra parte, el funcionario advirtió que “no podemos dejar de lado lo que viene denunciando la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros Nacionales (FATAP), sobre las asimetrías existentes en la asignación de subsidios nacionales y las dificultades que existen para sostener sistemas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país, comparados con los Distritos Centrales”.

En ese sentido, Gialluca dijo que es prioritario reducir de manera urgente la asimetría histórica que hay entre el centro del país y las provincias del Norte Grande.

“Se debe trabajar en una Ley Nacional de Transporte de Pasajeros que ponga justicia y equidad en la distribución de los subsidios y buscar tarifas uniformes en todo el país, SUBE Nacional y servicio eficiente. No puede ser que en Ciudad de Buenos Aires el boleto cueste $ 18 y en el interior del país se debe pagar $ 60 por la asimetría en la distribución de los recursos para sostener el sistema público”, se quejó.

El ombudsman de la provincia advirtió que “si no se toman medidas concretas, el transporte público de pasajeros en las provincias del interior como Formosa corren serios peligros de quebrar, toda vez que en la ciudad capital tenemos hoy un servicio altamente deficiente y en importantes pueblos del interior provincial no existe el transporte público de pasajeros y hasta se hace inviable, pero debemos encontrar la manera de que también sea brindado”.

En este sentido, se remitió una petición a los ministros de Economía y Transporte de la Nación, que permitan superar las problemáticas actuales, “para evitar medidas de fuerza y perjuicios a los sectores más vulnerables que hoy son los que utilizan diariamente el transporte público y para ello es necesario aprobar una ley que deje de lado esa inequidad que existe en el reparto de subsidios de un 85% a favor de CABA - AMBA, contra un 15% apenas que se distribuye para las provincias del interior”.