Los derechos de los consumidores en la Argentina irrumpen como tales a partir del 22 de septiembre de 1993 (ley 24.240), y adquieren raigambre constitucional con la incorporación del artículo 42 a nuestra Carta Magna, tras la reforma de 1994, hace ya 28 años.

Aunque no todas desprovistas de ropaje político, Formosa supo tener varias entidades de defensa de usuarios y consumidores (por recordar una, la Acifodeco, de activo rol entre fines del siglo pasado e inicios del presente). Pero el tiempo fue limando el protagonismo de muchas de estas asociaciones, en todo el país, hasta hacerlas prácticamente desaparecer (algunas porque dejaron de servir a fines partidarios y otras por carecer de los recursos necesarios para funcionar sin depender de los factores de poder).

No obstante, un vasto universo conformado por organizaciones del llamado sector social lucha por sobrevivir, reclamando mejores reglas para llevar adelante su insustituible labor, ya que apenas el diez por ciento logra cumplir con los requisitos.

En medio de la pandemia, la Mesa Sociedad Civil en Red, integrada por siete organizaciones federativas (el Foro del Sector Social, la Red Encuentro, la Red Argentina para la Cooperación Internacional, la Federación de Fundaciones Argentinas, la Red Argentina de Banco de Alimentos, el Grupo de Fundaciones y Empresas y la Confederación de la Sociedad Civil) lanzó la campaña Mejores Reglas para las ONG. El objetivo es que clubes, comedores comunitarios, centros culturales, organizaciones de base y las propias entidades de defensa de usuarios y consumidores cuenten con un marco legal, fiscal y laboral adecuado, basado en normas simples y trámites gratuitos.

Entre las metas se destacan, por ejemplo, tener una ventanilla única para presentar documentación, a través de plataformas digitales que permitan reducir el tiempo para obtener la imprescindible personería jurídica que hoy demora una eternidad, o presentar una única declaración jurada anual, lo que permitiría ahorrar tiempo y dinero para volcarlo a las causas de bien público que lideran. Se demanda, además, un régimen laboral ajustado a la dinámica propia de contrataciones para asumir y resguardar las diferentes relaciones laborales.

La sociedad no debe esperar todo del Estado. Tampoco es sano crear y utilizar una ONG con fines políticos, como lo han hecho en Formosa tanto el oficialismo como la oposición durante años. Lo realmente saludable sería facilitar la actividad de estas entidades para que puedan trabajar de manera independiente y mejoren así su positivo impacto sobre la calidad de vida de todos y todas.

La conclusión de la Mesa Sociedad Civil en Red es que la burocracia estatal las frena, las normativas las ignoran, los impuestos las debilitan y las regulaciones complican su accionar. La dirigencia política debería entender esto y dejar de percibir a las verdaderas ONG como una competencia en el terreno social. Por el contrario, debería reconocer en ellas su invaluable capacidad de defender derechos y potenciar políticas públicas por fuera de los organismos oficiales.