El modelo sindical argentino hace agua por los cuatro costados. No es un problema actual; es un conjunto de vicios que fue creciendo con los años y que hoy tiene exponentes que la mayor parte de la sociedad repudia por defender sus propios intereses antes que los derechos de la clase trabajadora.

Abundan los ejemplos a lo largo y ancho del país de dirigentes que no solamente llevan décadas al frente de sus gremios sino que, a lo largo de tantos años, fueron acumulando fortunas personales difíciles de cuantificar y, mucho más, de justificar.

En Formosa ha habido procesos judiciales contra sindicalistas, pero ninguno que haya llevado tras las rejas a uno en particular por irregularidades administrativas en un determinado gremio. Distinta es la situación a nivel nacional.

Pero vale la pena detenernos en un sonado caso ocurrido recientemente en Entre Ríos: un sindicalista y encumbrado dirigente político de esa provincia, que llegó a ser diputado, admitió ante el juez que lo investigaba que se apropió de 1.200.000 dólares que le pertenecían al Estado.

Claro que previo a tamaña confesión, el gremialista había establecido un acuerdo con el fiscal, que se comprometió a liberarlo de ser encarcelado. De todos modos, la pena de prisión en este caso, que se habría encuadrado bajo la figura del robo, hubiera sido más bien simbólica: dos años y ocho meses.

¿Qué estableció el citado acuerdo judicial? Que el imputado devuelva los fondos apropiados y quede inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. Además, involucró el sobreseimiento de sus tres hijos, su exmujer y su actual pareja, personas a las que supo ubicar en distintas reparticiones del Estado y que la investigación judicial había incluido en el proceso, bajo la hipótesis de que eran testaferros del acusado.

Esta muestra de la trastienda corrupta de una parte del sindicalismo deja algunas reflexiones. Por un lado, el hecho positivo de que hay jueces en el país dispuestos a investigar a poderosos dirigentes políticos y sindicales con la profundidad necesaria como para que lleguen a confesar sus delitos.

Lo nebuloso es el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y el acusado. ¿Se puede hablar de robo cuando un político se apropia de dineros del Estado? ¿No habría que diferenciar entre un robo y un hecho de corrupción, con penas bien distintas?

Pero hay preguntas más relevantes para hacerse. Por ejemplo, ¿por qué no está dispuesta la dirigencia partidaria a legislar para aumentar las penas de las y los políticos que delinquen?

El quid de la cuestión es por qué no se admite en la Argentina la imperiosa necesidad de una reforma sindical que impida que el sistema esté dominado por supuestos representantes de los trabajadores que se enriquecen de manera obscena y que están repartidos a lo largo y ancho del país.

No importa a qué partido o sector ideológico pertenezcan, los sindicalistas venales le hacen mucho mal a la democracia y a los trabajadores. Hay, por lo visto, instrumentos legales disponibles para desterrar la idea de la impunidad sindical. Pero no alcanzan ciertos “acuerdos” para hacer justicia en plenitud.