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DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Se concretarán audiencias y reuniones en la Justicia Federal para evitar los cortes de rutas



El defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que este lunes, a las 10 horas, la Gendarmería Nacional tiene la instrucción emanada del fiscal federal Luis Benítez para acercar a la vocera de las manifestantes que se encuentra acampando a la vera de la colectora de la ruta nacional N º 11 en zona del predio del predio de Suboficiales de la Policía Federal de Formosa.

Desde el Organismo de la Constitución, su titular dio a conocer que se reenvió al fiscal en turno, Luis Benítez, todos los antecedentes sobre las múltiples reuniones llevadas a cabo con este grupo de 25 ciudadanas que “pretenden que, por fuera de las Resoluciones del Ministerio de la Comunidad, se les entregue inmediatamente las llaves de un módulo habitacional, para cada una de ellas”.

“Institucionalmente, hemos llevado adelante un relevamiento de cada peticionante, con fotografías y demás elementos, con la colaboración de la Comisaría Octava de esta ciudad, a cargo de la Comisario María Obando. De este último surge que la mayoría tiene un lugar donde esperar, hasta tanto se le entreguen sus respectivos módulos habitacionales, respetando los derechos de las demás familias que se encuentran inscriptas en tiempo y debida forma”, declaró Gialluca.

Añadió que no se debe llegar a situación límites como las ocurridas el viernes, “cuando una mujer a la que hace poco tiempo se le realizó una cesárea se desvaneció y una ambulancia del SIPEC debió trasladarla hasta el Hospital de la Madre y el Niño, donde está siendo atendida”.

A ello añadió que la jueza de Menores Silvana Jarzinsky está interviniendo activamente con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y la Familia, para resguardar la integridad psicofísica de los menores, que “son expuestos por sus propias madres a las inclemencias climáticas y a los peligros propios de un lugar no apropiado para realizar un acampe de estas características”.

El ombudsman provincial dejó en claro: “Vamos a ser respetuosos de lo que determine la Justicia Federal, pues existe un delito previsto y condenado por el Código Penal, pero al mismo tiempo, continuaremos gestionando todo lo que sea necesario para que las personas que estén comprendidas en las Resoluciones del Ministerio de la Comunidad encuentren una solución a la obtención de su techo propio”.

Agregó que son tiempos en que las ayudas sociales que reciben estas personas “no les permiten alquilar una pieza, pues deben también comer todos los días y muchas de ellas se encuentran viviendo hacinadas con sus padres o familiares”. La política pública del Gobierno provincial, dijo, “es continuar entregando módulos habitacionales, a lo que se le suma ahora la construcción de viviendas sociales en todo el territorio provincial”.

No obstante, aseguró que se continuará con los espacios de diálogo y mediación con cada grupo de personas que necesiten presentar sus datos ante el Programa Mejor Calidad de Vida. “Este lunes (por hoy) lo haremos con tres familias, que están muy cerca del grupo de las 25, pero al mismo tiempo no vamos a permitir que se corten las rutas nacionales, pues ello es un delito. De ser imputadas, no obtendrán sus certificados de buena conducta, imprescindibles para que accedan por ley a un módulo habitacional”, remarcó.

“Nosotros -dijo el defensor del Pueblo- no estamos haciendo ninguna estigmatización hacia estas personas que están acampando, pero tenemos la obligación de atender a todas y todos con el mismo trato digno y haciendo cumplir las normas vigentes, en un contexto social y económico, altamente difícil para estos sectores vulnerables y también para quienes necesitan de las rutas para trabajar diariamente”.



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