LAISHÍ – En el marco de la investigación del pedido de juicio político al intendente de San Francisco del Laishí, José Lezcano (PJ), iniciado por haber sido condenado en sede penal por el delito de desobediencia judicial y por no rendir cuentas al HCD, la comisión juzgadora emitió una resolución suspendiéndolo en sus funciones por el lapso de 60 días y entregó al STJ un mandamiento de ejecución, solicitando que “se arbitren los medios para la posesión del reemplazante legal” del jefe comunal.
La presentación estuvo a cargo de los concejales Concepción Insfrán y Nora Servin. Desde la Comisión de Juicio Político que se sustancia en el seno del Concejo Deliberante local, la comisión juzgadora (compuesta por los concejales, todos del PJ) emitió la Res. Nº 01/21. En la misma aseguran que “el actuar del intendente impide y obstaculiza la labor central del Concejo Deliberante... que es necesario restablecer el Estado de derecho y el pleno funcionamiento de las instituciones, como así también en investigaciones posteriores se podrá conocer el destino de las cuentas y fondos públicos que, durante el ejercicio 2019/2020, no se pudo materializar”. Señalan que esta conducta es repetitiva, ya que en su oportunidad el STJ en un fallo ordenó a Lezcano que, en el plazo de cinco días hábiles, proceda a informar ante el Concejo el balance de gestión actualizado, tal como le fuera requerido por la Comisión de Control de Gestión, y especialmente el dinero recibido en 2011 y 2012 de fondos nacionales, con las documentaciones de movimientos y destinos; bajo apercibimiento, el actual intendente Lezcano se resiste de cualquier manera a cumplir no sólo con sus obligaciones como intendente o con las órdenes dictadas por el Concejo Deliberante, sino también con los jueces de la Constitución, por lo que terminó condenado a la pena de prisión, según consta en la sentencia 01/15 del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 de la Primera Circunscripción de la provincia de Formosa”.
Por otra parte, lo acusaron de “concurrir a actos oficiales en evidente grado de ebriedad, algo impropio de su investidura”.
Sobre la acusación
En la acusación, la concejal Rogelia Galarza expresó, entre otras cuestiones, que “de la investigación surgía la necesidad de examinar las cuentas del Municipio para permitir controlar supuestos ingresos en el orden de los $ 600.000 a $ 5.000.000, devenidos como consecuencia de los derechos por el espacio aéreo; y la suma de gastos especialmente en materia de combustible en los ejercicios 2019/2020 por un monto aproximado de $ 40.000.000, y en especial, el destino del dinero y cosas que se les requerían a las personas más humildes por la provisión de agua -conocido como ‘negocio del agua’- y trabajos para almacenamiento de los pequeños ganaderos”. Por ello se solicitó la intervención del HCD para acceder a las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2019/2020 que jamás fueron elevados al Cuerpo, pese a las exigencias de éste, aseguran.
Los cargos
La comisión acusó al intendente de Laishí de “faltas graves; mal desempeño en sus funciones previstas en el Art. 179 de la Ley de Municipios; incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; graves incumplimientos en la obligación de su cargo impuestas por la Constitución y las leyes”; y sumaron que “si bien las conductas se ajustan a los tipos penales de asociación ilícita, evasión fiscal agravada, intimidación publica en grado de autor intelectual, lesiones graves, amenazas, defraudación reiterada al Estado municipal, violación a los deberes del funcionario público y abuso de autoridad, deben ser tratadas en la esfera competente”.