No es nuevo ni excepcional, lamentablemente, que un padre de familia se niegue a pagar la cuota alimentaria que le corresponde para la manutención de uno o varios hijos/as. Por el contrario, son situaciones que se repiten y que llegan a los juzgados de Familia con una habitualidad alarmante.
Veamos el cuadro más frecuente: una pareja con hijos/as se separa después de varios años de convivencia. Los menores quedan, por lo general, con la madre. El padre, que tiene derecho a visitas y vacaciones, carga con la obligación de abonar una cuota alimentaria para sostener el régimen de vida que los niños/as tenían antes de la separación. Cuando esto no se cumple, hasta la madre se ve afectada, ya que en lo emocional y económico el hijo/a pasa a depender sólo de ella.
Pareciera irracional que un padre llegue a desentenderse por completo de su progenie. Sin embargo, la especie humana carga con algunos disvalores que avergüenzan al reino animal.
Las demandas judiciales contra varones que no asumen su paternidad en toda la significación del término se amontonan en los juzgados de Familia de todo el país, y Formosa no es la excepción. Con un común denominador no menos inquietante: las juezas o jueces competentes suelen confesar que, a la hora de fallar, se encuentran frente a una encrucijada.
No cabe ninguna duda que ese padre ausente que busca desentenderse de su responsabilidad económica tiene que ser sancionado. El dilema se presenta al momento de fijarle una pena, ya que preso no puede ir porque, sin un ingreso económico, se dificultaría aun más el pago de la cuota que se le exige y esto agravaría la situación de sus descendientes.
Algunos magistrados/as, debe reconocerse, hacen gala de creatividad interpretativa. Por ejemplo, un juez patagónico dictaminó hace un par de años que un padre incumplidor fuera detenido todos los fines de semana hasta que cancelara su deuda. Durante los días hábiles, podía trabajar; mientras no pagara, los fines de semana sería detenido.
En otro caso, en Córdoba, al padre primero le cortaron el teléfono, y como cambió de empresa, le trabaron embargo sobre su sueldo, y como renunció a su empleo, le cortaron la nueva línea telefónica y le retiraron la licencia de conducir.
Frente a medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia, la reacción irracional de algunos condenados no suele dejarle mucho margen de acción a la Justicia. De ahí la importancia de que haya comenzado a considerarse un agravante en este escenario: ya hay jueces que tipifican como violencia de género el delito, porque el padre díscolo está provocándole un claro perjuicio económico y patrimonial a su exmujer.
Las paternidades irresponsables constituyen un grave problema en la Argentina, pues existen progenitores varones dispuestos a cualquier maniobra con tal de no afrontar sus obligaciones. Además del desprecio por los hijos/as que tan deplorable actitud representa, la introducción del concepto “violencia de género” da cuenta de una masculinidad que debe ser reprobada por toda la sociedad argentina, y castigada de tal forma que ese padre no tenga escapatoria.