La causa que investiga los incidentes frente a Casa de Gobierno el pasado martes al mediodía continúa su proceso en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 a cargo de la jueza Laura Karina Paz. Bajo una amplia carátula, el expediente tiene cinco imputados, un excarcelado y un detenido en la comisaría Octava del barrio La Nueva Formosa. A tres días de los disturbios entre manifestantes y el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, la abogada Agostina Villaggi del equipo jurídico de la UCR ligó las acusaciones en contra de sus defendidos a una “criminalización de la protesta”.
En comunicación con La Mañana en Vivo, la doctora Villaggi aseguró que todo el equipo jurídico a cargo del patrocinio de los imputados presentará pruebas para alcanzar el sobreseimiento de cada uno en la causa que a su entender, fue armada por la Policía para amedrentar a la gente y evitar nuevas marchas en contra del Gobierno provincial.
“Marcelo Ocampo logró su excarcelación ese mismo día que fue detenido frente a su casa, luego de estar preso 10 horas en un calabozo de la comisaria Octava. Sin embargo, en ese mismo lugar, Federico Ocampo, que también fue detenido por participar de la manifestación, continúa cumpliendo arresto por un supuesto proceso anterior. Le ofrecimos nuestra defensa y aceptó, asique estamos trabajando para alcanzar su próxima excarcelación y sobreseimiento en la investigación”, precisó.
Aparte de Olmedo, la letrada mencionó que en la causa por los delitos de intimidación pública, coacción, amenazas, lesiones, daño e infracción al artículo 205 del Código Penal, actualmente también están imputados los comerciantes Marcelo Ocampo, Gabriela Padrón, Pablo Siddig y Patricio Evans.
"Ocampo fue excarcelado y los otros gozan de la eximición de prisión por una presentación judicial anticipada en el Juzgado”, aclaró Villaggi.
Criminalización de protesta
Para la abogada, que la Justicia local inicie una investigación por denuncias infundadas sobre cinco personas que fueron a protestar frente a Casa de Gobierno, se trata de un amedrentamiento “para meter miedo a la gente y evitar que salgan a las calles a manifestaciones en contra del Gobierno”.
“Esto recién empieza. Claramente hay una criminalización de la protesta. Sino no se justifica, bajo ningún punto de vista legal o procesal, que una persona sea detenida por el simple hecho de reclamar pacíficamente en la vía púbica. No se les puede imputar un conjunto de delitos como lo hicieron, cuando hay videos que demuestran los hechos: no hay lesiones al supuesto denunciante, en este caso el ministro Gómez”, refirió.