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Vigilancia maliciosa



La vigilancia epidemiológica es el eje de la lucha contra la pandemia de coronavirus. En realidad, tiene un papel fundamental en toda la salud pública, pues sirve para estudiar los cambios en la frecuencia de una enfermedad -por lo general las infecciosas- y también para evaluar los cambios en los niveles de los factores de riesgo.

Las autoridades, en la actual coyuntura, acuden permanentemente a la frase “estricto criterio epidemiológico” para apuntalar las restricciones al trabajo, a la educación y a la circulación de personas como medidas preventivas. Es, en el plano sanitario, una razón atendible sostener que se apela a ese criterio en aras de “proteger la vida y la salud de todos y todas”.

Lo que no es atendible desde ningún punto de vista es la obsesión de algunos gobiernos por la “vigilancia ideológica”. Ya sucedió cuando se pretendió impulsar un Observatorio de Medios nacional, con delegaciones en todo el país. En Formosa hubo quienes no sólo hubo aplaudieron aquella iniciativa sino que anunciaron públicamente que se ocuparían de llevarla adelante a nivel local.

El enfermizo intento volvió a tomar cuerpo el año pasado, aunque con otro ropaje. Bajo el supuesto objetivo de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas”, el Gobierno nacional lanzó Nodio, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”, a cargo de la Defensoría del Público.

No está de más insistir en el profundo desapego democrático que tiene la instrumentación de medidas tendientes a controlar los distintos procesos sociales, por más que sean presentadas en nombre de la necesidad de “proteger a la sociedad”. La sociedad necesita ser protegida del COVID-19, no de pensamientos que no comulguen con el poder de turno.

Nodio nació arropado en definiciones grandilocuentes: “generar insumos y entornos de intercambio” que hagan factible un “periodismo de alta calidad”, así como “el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet”. La intención, sin embargo, no deja de ser polémica.

El analfabetismo informacional es una preocupación creciente en todo el mundo, pero eso no justifica salir a identificar “las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. La noticia describe, no argumenta. La argumentación es necesaria cuando se opina. Desde ya, sería deseable que las voces que circulan en la esfera pública tuviesen una mayor capacidad de argumentación para enriquecer los debates sobre los problemas que nos aquejan. Entonces, si es necesaria una oficina de gobierno para calificar como “maliciosa” cierta argumentación, es porque en el fondo se quiere poner un límite al libre intercambio de las ideas impugnando determinados puntos de vista.

Como ya advirtió Adepa, “este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.



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