La pandemia profundizó la desocupación, y esto ha traído más pobreza a la Argentina. Sin embargo, la falta de empleo es un problema al que la política no le encuentra la vuelta hace varias décadas.

No ha imperado en la dirigencia, desde el advenimiento de la democracia en 1983, un concepto racional, orientado a satisfacer la necesidad de generar empleo genuino, en blanco y decente.

Por el contrario, los sucesivos gobiernos a nivel nacional, y también las administraciones provinciales y municipales, se fueron aferrando a una suerte de statu quo que determina beneficios para algunos trabajadores y trabajadoras e ignora al resto.

Los primeros son aquellos/as que trabajan en blanco, que reciben los beneficios sociales que el sistema vigente les ha conferido y que, por aquello de los derechos adquiridos, nadie puede -o nadie debería- quitárselos. Se calcula que este subconjunto está conformado por alrededor del 50 por ciento de las personas en condiciones de trabajar.

La otra mitad, en comparación, no recibe nada o recibe muy pocos beneficios. Hablamos de los trabajadores informales, los desocupados y, en menor medida, de los conchabados mediante un sistema de segunda como lo es el monotributo. Este amplio subgrupo, que crece en medio de las restricciones económicas por el coronavirus, es el de los excluidos.

La resistencia sistémica del statu quo no sólo no brinda la posibilidad de tener trabajo digno a quienes nunca lo tuvieron, sino que ahora pone en peligro la recuperación de empleos perdidos por la crisis sanitaria.

El planteo, despojado de ideologismo, apunta a reconocer que el actual régimen laboral, a solas, y la presión tributaria a la producción constituyen un vallado que obstaculiza el propósito de provocar el tan esperado shock de inversiones privadas y crear un volumen de nuevos empleos que brinde la tranquilidad social que todo país necesita para crecer y desarrollarse.

“Estos tiempos y circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias”, dijo esta semana una diplomática norteamericana al confirmar que el gobierno de Joe Biden respaldará la suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. Concepto a tener en cuenta por la Argentina en términos labores, dado el carácter extraordinario de su pendiente social.

Una idea que ya fue lanzada pero que todavía no fue recogida es la de mantener vigente el actual régimen para quienes están incorporados al empleo formal y diseñar en paralelo uno nuevo, hacia adelante, que permita incluir a esa creciente legión de excluidos y excluidas.

No se trata de ignorar el papel que ha tenido la Argentina en materia social a través de leyes laborales disruptivas, que quebraron tiempos en que patrones explotadores confundían a sus empleados con esclavos. Se trata de reconocer y comprender que algo ha pasado en el mundo en las últimas décadas que modificó todo tipo de relaciones, incluidas las laborales.

No es cuestión, en fin, de aplicar como remedio una flexibilización extrema, cuyo resultado sería peor que la enfermedad, sino de modificar políticas de empleo anquilosadas.