En diálogo con La Mañana, el economista Aldo Abram, director Ejecutivo de la Fundación “Libertad y Progreso”, advirtió que si la gestión nacional tiene que incrementar su nivel de gasto público, debido a la decisión de aplicar mayores restricciones para evitar la propagación del COVID-19 y la necesidad de brindar asistencia económica a sectores afectados, en algún momento se deberá recurrir a una mayor emisión monetaria, que derivará en un nuevo incremento de la depreciación de la moneda nacional y de la inflación, que se observará en los valores de los bienes y servicios en un período que va de los seis a los nueve meses posteriores al momento de ampliación de la base monetaria.
En principio, el profesional comentó que luego de varios meses sin transferir fondos al Gobierno nacional, debido a que la gestión nacional obtuvo un cierto nivel de financiación a través de algunos créditos voluntarios, el Banco Central de la República Argentina volvió a financiar a la administración de Alberto Fernández, aunque esto no se tradujo por el momento en una ampliación de la base monetaria.
“En marzo último, el Central le transfirió 135.000 millones de pesos. Sin embargo, la base monetaria decreció durante ese mes. Lo que hace el BCRA es recurrir a la deuda remunerada: tomar deuda en el mercado, colocarles pases pasivos y Letras de Liquidez a los Bancos, sacarles esos 135.000 millones a las entidades bancarias y dárselos al Gobierno”, expuso.
“Por un tiempo y hasta cierta medida, el Central puede utilizar esta vía de financiamiento. En este momento, la deuda sobre base remunerada se encuentra en el 121%. Cuando en 2018 el BCRA recurría a un instrumento similar, las Lebacs -Letras del Banco Central, títulos de deuda del BCRA-, y era más lo que debía en deuda remunerada que la base monetaria del país, se encontraba en el 129%. No estamos muy lejos del máximo que se llegó a tener hace tres años. No se puede utilizar este instrumento sin límites”, explicó Abram a este diario.
“Si el Gobierno nacional no logra reducir su déficit primario, porque las restricciones generan un impacto sobre la actividad económica y ciertas actividades requieren asistencia del Estado porque se les impide trabajar, lo cual significa más gasto público, las posibilidades de moderar el pedido de financiamiento al Banco Central se empiezan a diluir. Ahí hay un riesgo muy fuerte, porque el Banco Central tendrá que volver a emitir, lo cual va a representar mayor pérdida de poder adquisitivo del peso, y más inflación”, evaluó el especialista.
“El ‘impuesto inflacionario’ empobrece aún más a los trabajadores de menores ingresos, que no están en condiciones de comprar dólares cuando se vuelve a depreciar la moneda nacional, como hacen otros sectores. Esto ubicará a esas personas en nuevos lugares por debajo de la línea de pobreza”, manifestó Aldo Abram.