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Clase media golpeada



Mientras en el Gobierno nacional se debaten nuevas asistencias a los sectores más castigados por las restricciones producto de la pandemia, en Formosa se aguarda que la Legislatura, a instancias del Poder Ejecutivo, apruebe en las próximas horas un paquete de medidas impositivas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el Ministerio de Economía de la Provincia ya se encuentra recibiendo la documentación necesaria de trabajadores no estatales que aspiran al Subsidio complementario de emergencia al salario; en tanto que cooperativistas privados que suspendieron su actividad productiva o disminuyeron su ingreso económico, como consecuencia del regreso a fase 1 de la cuarentena en las dos principales ciudades formoseñas, estarían recibiendo un beneficio específico en el marco de otro programa.

Si bien toda esta ingeniería asistencial del Estado trata de abarcar los distintos niveles sociales, la clase media argentina se presenta como el segmento más golpeado económicamente por la cuarentena. El propio INDEC así lo viene reflejando a través de informes que dan cuenta, por ejemplo, de la colosal caída del salario formal privado en el último año.

Las autoridades han sostenido desde un comienzo que el parate económico es por la pandemia, no por la cuarentena. De esto se desprende que la culpa es del coronavirus y que los gobiernos no tienen responsabilidad en el agravamiento de una crisis que venía de antes. Lo cierto, empero, es que las clases medias, en general, siempre cuentan con poco auxilio del Estado, y eso quedó a la vista durante las distintas fases de la cuarentena.

Un detalle no menor es que mientras los empleados públicos no se vieron afectados en su estabilidad laboral ni en sus ingresos, los privados, si lograron conservar el trabajo en todo este tiempo, en algún momento se vieron obligados a aceptar una rebaja salarial, algún tipo de suspensión o la pérdida de otros beneficios que venían recibiendo.

No sin esfuerzo, el Estado nacional reforzó el año pasado la asignación universal por hijo, más otros planes de asistencia a las clases bajas, y creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que terminó con más de nueve millones de beneficiarios de comunidades vulnerables en todo el país.

También hubo algo de ayuda por encima de esa escala social, pero ha sido a todas luces insuficiente. En otras palabras, salta a la vista una deuda respecto de aquellos trabajadores/as y cuentapropistas de clase media a quienes no se les permite seguir sus tareas o se les continúa limitando su actividad.

Pensemos en pequeños comerciantes, en independientes que se dedican a los más variados oficios, profesionales autónomos, todas las actividades vinculadas con el turismo, la cultura y el esparcimiento; más la amplia gama de servicios interrumpidos por la suspensión de clases presenciales.

Sectores medios que en su desesperación están demandando una asistencia urgente que evite su caída en la pobreza, lo cual significaría, para el Estado en general, un cuadro social mucho más complicado y difícil de atender en el corto y mediano plazo.



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