En un contexto en el cual las autoridades nacionales evalúan la posibilidad de establecer nuevas medidas tendientes a restringir la circulación de personas y poner límites al número de casos positivos de COVID-19 y de fallecimientos a raíz de la enfermedad, resulta conveniente analizar algunos datos relacionados con los efectos que tendría una nueva Fase 1 a nivel nacional.
En lo concerniente a la opción de volver a un segundo confinamiento nacional, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino indicó que desde el punto de vista de las finanzas públicas nacionales, el año pasado los gastos extraordinarios realizados para paliar el confinamiento fueron unos $ 250 mil millones en ATP (subsidios al salario formal), otros $ 250 mil millones en IFE (subsidios a los sectores informales) y otros $ 500 mil millones en subsidios para el sector salud, los programas alimentarios y para las provincias. Este conjunto de gastos ascendería a un total de un billón de pesos.
A su vez, el Instituto estimó que si se anuncia un nuevo confinamiento y si se debe efectuar un nivel de gasto similar, teniendo en cuenta el Presupuesto Nacional 2021, se puede proyectar lo que podría suceder con las arcas nacionales. En este marco, se estimó que como el año 2020 terminó con un déficit fiscal primario de 8,3% del Producto Bruto Interno y para el 2021 se proyecta reducir este déficit a 4,2% del PBI, puede afirmarse que con el mismo gasto en materia de COVID-19 que se concretó el año pasado, sin “actualizar” por inflación, el déficit fiscal subiría a un 7% del PBI.
Estos datos demuestran que aún bajo supuestos optimistas, la aplicación de un confinamiento estricto generaría un fuerte aumento del desequilibrio fiscal, lo cual llevaría al Estado nacional a incrementar el nivel de emisión monetaria. Esto implicaría subir en un 40% la cantidad de billetes que emite el Banco Central. Por lo tanto, se observaría un aumento exponencial de la inflación.
Entonces, el IDESA consideró que con un crecimiento exponencial de contagios, pocas vacunas, el sector público desfinanciado, el mercado laboral deteriorado y pobreza en niveles extremos, es altamente recomendable descartar como alternativa el confinamiento, y buscar opciones que sean viables, tanto en lo económico como en lo social.
Por lo expuesto, lo recomendable es actuar de manera focalizada, en aquellos puntos del país con indicadores más preocupantes es materia de personas contagiadas y fallecidas por coronavirus. Decretar una Fase 1 a nivel nacional, sin tener en cuenta las particularidades de cada lugar y de cada actividad, agravaría aún más la situación económica y la realidad social del país, lo cual puede llevar a consecuencias que serán devastadoras para diversos sectores.
En síntesis, se requiere que los funcionarios y funcionarias de la Nación dialoguen con las autoridades provinciales y con referentes de distintos sectores para buscar alternativas que puedan ser tolerables para un país como la Argentina, que presenta diferentes problemas estructurales que aún no han sido resueltos, y que se agravarán con restricciones que, por diferentes motivos, siempre tendrán efectos preventivos que serán limitados y consecuencias en diversos rubros que podrían ser irreversibles.