El Superior Tribunal de Justicia resolvió aplicar una sanción de diez días de suspensión a tres funcionarios de la Tercera Circunscripción que en plena pandemia participaron en julio del año pasado de la fiesta por el cumpleaños de uno de ellos, el defensor oficial Rubén Darío Gon, en una quinta de Las Lomitas.
La sanción alcanzó al homenajeado Gon, al entonces fiscal Diego González y a la asesora de Menores de esa jurisdicción, Marta Castro.
La reunión social tuvo lugar el 23 de julio de 2020 y convocó a gran cantidad de personas que asistieron al festejo, cuyas fotografías luego fueron difundidas en las redes sociales.
Al concluir el sumario administrativo, el STJ tuvo por acreditado, no solamente por las fotografías que los participantes subieron a redes sociales, sino por la constatación que hizo la Policía en ese momento, que los tres funcionarios judiciales incumplieron las medidas sanitarias de prevención, obligatorias para todos y todas, dictada desde el organismo competente para evitar la propagación y contagio del COVID-19, tales como la prohibición de reunión y cantidad de personas en día y horario no habilitado, sin respetar el distanciamiento social, con la presencia de menores de edad y la no utilización de elementos de bioseguridad, infringiendo el Decreto Nacional 297/20 y sus sucesivas prórrogas, al que está adherido el Gobierno de la Provincia de Formosa, mediante Decreto Provincial Nº 100/20 y sus prórrogas correspondientes.
Uno de los sancionados, el doctor Diego González, renunció a su cargo de fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial en noviembre del año pasado, en tanto la sanción disciplinaria fue aplicada dos meses después, el 4 de febrero de 2021, razón por la cual no apeló la medida disciplinaria.
Su dimisión se encuentra a consideración del Poder Legislativo, como constitucionalmente corresponde, y se encuentra con licencia sin goce de haberes desde febrero de este año a la fecha.
Sin embargo, tanto Darío Gon como Marta Castro plantearon sendos recursos de revocatoria contra la medida administrativa, los cuales fueron recientemente rechazados por el Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, ante la contundencia de las pruebas acumuladas en el sumario que acreditaron la inconducta por la que fueron sancionados.
En su voto, el ministro Eduardo Hang, sin perjuicio de compartir los argumentos que sostienen el rechazo de los recursos planteados, sostuvo que los funcionarios involucrados, al cuestionar la sanción aplicada, alegaron que no se demostró que el hecho “haya lesionado la confianza de la población en general, hacia quienes tienen la obligación constitucional de administrar justicia”.
Respecto a esto, Hang advirtió que es notorio que no se puede asumir el funcionamiento de un cargo de control de la ley y luego vulnerarla, y recordó que el ingreso a la función judicial exige que el comportamiento sea adecuado, tanto dentro como fuera de la función. “No se es magistrado, fiscal o defensor sólo en las horas de trabajo, sino en los demás aspectos de la vida. El ingreso al Poder Judicial no es forzoso, pero quienes ingresan deben comprender cumplidamente que su actividad, por más privada que sea, tiene un contenido valorativo para la sociedad que lo rodea, que no puede ser desconocida”, enfatizó el ministro.
Finalmente, recordó a los sancionados que el Código de Ética Judicial vigente para el Poder Judicial de Formosa refiere sobre la necesidad de un comportamiento que promueva la confianza pública y mal puede promoverla el hacer algo contra la ley.