El presidente Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán, respectivamente, abrirán mañana el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Provincia. Como corresponde, cada uno hará un balance del último año de gestión y esbozará las líneas de acción para el presente, enumerando obras y adelantando proyectos. También, resulta obvio, ambos harán referencia al momento de excepción que viven la Argentina y Formosa a causa de la pandemia de coronavirus, y deberían tener definiciones políticas acerca de los conflictos desatados en el actual contexto sanitario, que no son pocos.

Aspectos como la cuarentena obligatoria a nivel nacional -para algunos/as las más larga del mundo-, el quiebre de empresas y comercios, la pérdida de miles de empleos, la interrupción de las ayudas especiales otorgadas hasta diciembre pasado, las restricciones que todavía sufren diferentes actividades, la demora en la llegada de las vacunas contra el Covid-19, los vacunatorios VIP, sumado al nuevo aumento de la inflación, deberían estar en la agenda del discurso presidencial.

En Formosa, entretanto, se aguarda con particular interés el pronunciamiento del primer mandatario en orden a las numerosas polémicas y denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos desatadas a raíz de las rigurosas medidas implementadas por el gobierno provincial para combatir la pandemia.

En este marco de gran expectativa es previsible que, sobre todo en el Parlamento nacional, y aun cuando muchos de sus miembros vayan a estar presentes solo de manera virtual, se dispute, nuevamente, una “guerra de mensajes” entre oficialismo y oposición, a través de las bancas.

Los carteles y las banderas pueden ser parte de una manifestación política o de un reclamo social, pero no deberían integrar la escenografía de quienes tienen amplias facultades de palabra y acción para enmendar cualquier agravio.

Es muy común observar en los distintos cuerpos legislativos que, durante los debates, sus miembros sostienen carteles en los que expresan sus demandas o críticas de variada índole. Hoy, el tema excluyente gira en torno al coronavirus, los efectos de la pandemia y lo que hace el Estado para tratar de controlar la situación.

Algunos legisladores, se calcula, acudirán a la mencionada metodología para hacer más visibles sus posturas sobre las cuestiones espinosas de la coyuntura. El cartel se convertiría así en el eje de la posición del parlamentario. Sin embargo, tales exhibiciones no son una actitud digna, ya que cada representante posee amplias libertades para expresar sus opiniones, ya sea en los recintos o en el ámbito público, lo que torna innecesarias esas manifestaciones.

Las instituciones de la República deben ser un ejemplo. Respetarlas configura un claro mensaje a la sociedad. Por ello, los legisladores tienen como deber implícito otorgarles valor y seriedad a sus tareas, que no pueden asumirse como una militancia partidaria enfervorizada que entona cánticos, aplaude o grita a rabiar, levanta carteles y arroja papelitos en los recintos.