El titular de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa (CICF), Alfredo Vera, aseguró que un trabajador en blanco tiene un costo mensual de 75.000 pesos para un empresario, entre salario básico y obligaciones impositivas. Consideró que por la “voracidad fiscal” del estado el sector Pyme no está en condiciones de tomar y mantener empleados en este contexto de pandemia.
Ayer el presidente Alberto Fernández ponderó la actividad empresarial y llamó a los privados a que "ganen plata, produzcan, den trabajo y paguen impuestos", al encabezar en México un encuentro con inversores de ese país en la Argentina. Sobre estas declaraciones, el empresario Fredy Vera dialogó con La Mañana en Vivo: "Primero al Presidente le preguntaría por qué el empresario no quiere invertir en el país; y luego le diría que sus pretenciones son sólo para la tribuna, es fácil hablar y pedir más producción o generación de empleos cuando las altas cargas fiscales no dan respiro ni hay proyecciones a futuro con un programa económico confiable", refirió.
Para respaldar su posición empresarial y mostrar desconfianza sobre el verdadero objetivo de la administración central, Vera explicó que en el 2020 el sector privado soportó 12 impuestos nuevos: “Ya no estamos más en condiciones de tolerar otra quita impositiva. Hoy a un empresario le cuesta 75.000 pesos tomar y/o mantener a un empleado en blanco, 50 va al básico de un comerciante y el restante (25) en impuestos o la caja recaudatoria del estado”, señaló.
En contrapartida a lo que insinúa el Presidente, el titular de la CICF aseguró que actualmente el sector empresarial sólo intenta mantenerse, no perder por el efecto de la pandemia y proyectar un mejor futuro con medidas que descompriman el agobio impositivo.
“Necesitamos un programa de convivencia con la pandemia. La enfermedad seguirá por dos o tres años más, hay que generar empleo y mayor producción pero desde una apertura organizada, no mirándonos el obligo para ver qué pasa. Asimismo, rever la parte legal de los trabajadores, sin eliminar sus derechos, pero con una revisión en los modos de determinar pagos por indemnizaciones, cuando nos tenemos que desprender de nuestros trabajadores. Muchos privados tienen que hipotecar su actividad para afrontar y cumplir un despido”, sostuvo.