Terminó de la peor manera la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud de la Nación: envuelta en un escándalo que desnuda la cara más oscura de nuestra cultura; aquella que expone los relieves odiosos del privilegio y el acomodo, ocultos muchas veces entre los pliegues de la “viveza criolla”. Este mal argentino por antonomasia se acaba de llevar puesto a un funcionario precedido de logros importantes en el campo de las políticas sanitarias, pero al mismo tiempo polémico y titubeante desde que hace un año dijera públicamente que el coronavirus tardaría en llegar a nuestro país.
Se sucedieron los traspiés desde entonces, avivando las críticas de la oposición y generando malestar dentro del propio en el Gobierno, hasta que el último paso en falso lo catapultó del cargo. Paradójicamente, fue un experimentado periodista -del mismo palo- quien ofreció, en declaraciones radiales, la punta del ovillo, de la que se prendieron colegas de otros medios para sacar a relucir una lista de personas que tuvieron beneficios inmunizantes exclusivos.
El ya tristemente famoso “vacunatorio VIP”, que alcanzó a funcionar dentro del mismo Ministerio de Salud de la Nación, es una muestra paradigmática de la degradación moral que sufre la sociedad argentina desde hace varias décadas. Aunque la prisa de algunos/as por conseguir una dosis antes del turno que les corresponde ofreció otros ejemplos execrables en las últimas horas, como el robo de vacunas en el sur, las cuales habrían sido destinadas a miembros del Sindicato de Camioneros.
El poder de los privilegios está haciendo estragos en el país. Ya hemos dicho en esta columna que los argentinos/as padecemos buena parte de nuestros problemas porque carecemos de un interés generalizado tanto por controlar a quienes nos gobiernan como por conocer con precisión los límites del respeto a las normas.
Hoy se acusa a un Gobierno de favorecer con vacunas a un grupo selecto de amigos; sin embargo, los principios constitucionales vienen siendo vulnerados por gestiones de distinto signo. El de igualdad ante la ley está entre ellos. No todos los ciudadanos/as son iguales ante la ley ni para el Estado, y eso salta a la vista por donde se lo mire. Los jubilados/as, especialmente los de menos recursos, lo confirman cada vez que se comparan con sus pares de privilegio.
Muchos argentinos/as -algunos con chabacanería y otros más recatadamente- alardean de los favoritismos que forman parte de nuestra “viveza criolla”. Campea la idea de que somos gente pícara, ingeniosa, pero no tanto para innovar, progresar, sino para transgredir, sacar ventaja, saltear reglas. Hábiles para el acomodo y no para la solución de los problemas.
Padecemos de la cultura del privilegio sin importar los afectados, al extremo de que ahora algunos/as buscan atajos para vacunarse antes que muchas personas comprendidas en grupos de riesgo más urgentes. Este affaire debería ser tomado como un severo llamado de atención para todos los gobiernos provinciales, a fin de descartar hasta la más mínima posibilidad de desarrollo de una versión vernácula del “Ginés Gate”.