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Miembros de las comunidades Wichís del oeste marcharon pidiendo liberación de detenidos



MARÍA CRISTINA - En la jornada de este domingo, alrededor de las 17 horas, miembros de las comunidades Wichís del departamento Ramón Lista marcharon entre Palmarcito y San Miguel, jurisdicción de María Cristina, pidiendo la liberación de las personas que fueron detenidas la semana pasada por el corte de ruta que llevaban adelante reclamando un Banco Móvil para cobrar sus beneficios sociales ante la imposibilidad de trasladarse a Ingeniero Juárez y El Chorro, donde existen sucursales bancarias debido al bloqueo sanitario producto de la pandemia.

Los carteles que llevaban los manifestantes evidenciaban el motivo: “Queremos que traigan de nuevo a nuestros hermanos” y “Ningún familiar está contagiado de COVID. Que vuelvan a sus casas”, entre otros.

Petitorio Endepa

En el marco de esta misma situación, cabe consignar que Endepa Nacional, a través de change.org, lanzó una petición virtual en contra de la “represión al pueblo Wichí” de Formosa.

En la misma dan cuenta que “en la zona de Santa Teresa -a consecuencia de un rebrote de COVID-19- se estableció un bloqueo sanitario aislando a las comunidades indígenas en Ramón Lista sin acceso al sistema bancario. Las comunidades: San Miguel, Las Flores, Santa Teresa, HaläTälho y Palmarcito se manifestaron pidiendo que se envíe a la comunidad un Banco Móvil, como en otras oportunidades, pero la respuesta a su pedido fue el envío de patrullas y la detención de 15 miembros de esas poblaciones, que se encuentran aisladas en un alojamiento en Formosa capital”.

Ante esto, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen “logró su excarcelación, pero para regresar a sus comunidades, de las que fueron sacados por la fuerza, deberán cumplir con la cuarentena”, aseguran desde la fanpage que posee Endepa Nacional.

“Queremos acompañar, a través de esta petición, al pueblo Wichí de la Provincia de Formosa que está sufriendo el avasallamiento de sus derechos, siendo víctimas de restricción a sus libertades individuales y de violencia institucional y política”, enfatizan.

Finalmente, apelan a “las autoridades formoseñas para que devuelvan el Estado de derecho y las garantías constitucionales que se garantizan en el país a nuestros pueblos indígenas. Ninguna situación excepcional puede justificar el no respeto a ellas”.



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