A través de un comunicado de prensa, Amnistía Internacional reclamó a las autoridades de la provincia de Formosa que todas sus medidas para combatir la pandemia de COVID-19 sean “respetuosas de los derechos humanos”. Esto se conoció luego de que la organización recibiera denuncias sobre las medidas vigentes en los Centros de Atención Sanitaria (CAS).
“Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En este marco, la entidad denunció que “se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19, lo cual las expone al contagio”.
Para Amnistía Internacional, de acuerdo a las denuncias recibidas, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos “habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días”.
Además, indicó que las personas “no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento”.
Asimismo, la entidad mencionó que se obligaría a permanecer en los CAS a “niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares”, y que las fuerzas de seguridad “trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS”.
También, se manifestó que los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con las condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.
“De acuerdo a información oficial, se encuentran alojadas en los centros de alojamiento 3.094 personas, pero solo hay 622 casos de COVID-19 activos en toda la provincia. Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente”, se precisó.
Por otro lado, Amnistía detalló que según el derecho internacional de los derechos humanos, en situaciones de emergencia de salud pública, las autoridades “pueden imponer cuarentenas obligatorias, como han hecho en respuesta al COVID-19”. Sin embargo, puntualizó que “dado que la cuarentena bajo custodia del Estado representa en la práctica la privación de la libertad de una persona, su uso es permisible únicamente en circunstancias limitadas”, los gobiernos “tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones dignas y con garantías frente a los malos tratos”.
“Amnistía Internacional pide a las autoridades formoseñas que den prioridad a las campañas de prevención del COVID-19 y a medidas de cuarentena voluntaria, y eviten someter a las personas a cuarentenas controladas por el Estado, a menos que esta medida sea estrictamente necesaria y proporcionada, y únicamente cuando no se pueda alcanzar el fin de proteger la salud pública por otros medios, y sólo si pueden proporcionar un entorno con condiciones higiénicas, sanitarias, de privacidad y atención médica adecuados y dignos”, subrayó la organización.