Tras un 2020 que generó nuevas pérdidas en la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, es necesario que este año, la administración nacional apunte a lograr un debate que permita elaborar en un futuro una modalidad de cálculo que realmente eleve los ingresos de los pasivos, y con una reforma del sistema previsional que ponga fin a varias inequidades.

En diciembre de 2019, el Congreso suspendió la fórmula de movilidad vigente desde 2017 y le permitió al Poder Ejecutivo Nacional dar aumentos discrecionales hasta aprobar una nueva modalidad de cálculo. Pero estos incrementos otorgados por la administración del Frente de Todos fueron menores a la inflación del 36,1% que, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se registró en el país durante el año pasado.

A su vez, la gestión nacional otorgó cuatro aumentos en el 2020: un 2,3% en marzo (junto con una suma fija de $ 1.500), un 6,12% en junio, un 7,5% en septiembre y un 5% a principios de diciembre. Pero el monto fijo de marzo no tuvo la misma importancia porcentual para quienes perciben menos o quienes cobran más.

Por lo expuesto, algunos analistas señalaron que el aumento en las jubilaciones varía según qué haber se tome: la jubilación mínima, que cobran casi la mitad de los beneficiarios, aumentó un 35,3% en el año, mientras que los que cobran la jubilación máxima tuvieron un aumento del 24,3%. Pero en todos los casos, los haberes estuvieron por debajo de la inflación, que fue del 36,1%.

Además de los haberes, el Gobierno nacional otorgó diferentes bonos para los jubilados que menos cobran. En los momentos en que se abonaron esos montos, las jubilaciones mínimas sí le ganaron a la inflación en 2020, pero fueron por única vez y no influyeron en los futuros haberes.

En paralelo, desde la Defensoría de la Tercera Edad, se explicó que en el 2020 los haberes mínimos perdieron un 0,6% en términos reales -es decir, el poder de compra de los haberes sin contar los bonos-, y las máximas perdieron un 8,7%.

Hay que recordar que estas situaciones se registraron en un contexto de pandemia, recesión económica y diferentes privilegios que siguen disfrutando personas que pasaron por distintos cargos públicos, y que les permiten acceder a elevados haberes jubilatorios que, al mismo tiempo, se encuentran exentos del pago del Impuesto a las Ganancias.

Entonces, si bien los jubilados y jubiladas suelen ser mencionados durante cada campaña electoral y son el blanco de diferentes promesas, es tiempo de que las palabras acompañen a los hechos, y de que lo antes posible, se sienten las bases para iniciar un diálogo político tendiente a consensuar una fórmula de movilidad jubilatoria que contemple el avance de la inflación y una reforma del sistema previsional argentino, que unifique los regímenes y ponga fin a diferentes situaciones de privilegio que además de generar desigualdad, serán insostenibles en el mediano y largo plazo.