Los test para diagnosticar infección o no del SARS-CoV-2 o coronavirus constituyen un insumo clave para enfrentar la actual crisis sanitaria que nos toca vivir. En este sentido, el Consejo de la Emergencia autorizó a la Federación Médica de Formosa (FEMEFOR), Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA) y la Asociación de Prestadores de Salud a realizar testeos de detección de antígenos y en los casos que detecten un test de antígeno positivo están obligadas a informarlo inmediatamente al Ministerio de Desarrollo Humano.
Al respecto, la Dirección de Salud y Medicamentos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia señaló que la Superintendencia de Servicios de Salud ha reiterado que los agentes del seguro de salud, obras sociales y entidades de medicina prepaga tienen la obligación de asegurar y cubrir las prestaciones de tratamientos frente a casos confirmados o sospechosos de COVID-19. Esta obligación es para todo el país e incluye la realización de test rápido, PCR y/u otros diagnósticos, traslados, medidas de aislamientos, internaciones, etc.
En este sentido, el ombudsman provincial José Leonardo Gialluca señaló que ya existe el nomenclador correspondiente a nivel nacional, por lo que “ahora le hemos requerido al IASEP y demás obras sociales que brindan servicios en toda nuestra provincia que lo incorporen a favor de los afiliados”.
Informó el funcionario provincial que “actualmente tenemos casos de cirugías importantes ya programadas en el HAC u otros nosocomios, donde los médicos están pidiendo a los pacientes y también a los futuros acompañantes los hisopados prequirúrgicos, con lo cual, al haberse centralizado en un principio todos los test en determinados sectores públicos del servicio de salud provincial, y ante la fuerte demanda existente, se producen retrasos involuntarios e inconvenientes”.
Frente a esta situación, Gialluca consideró “relevante que las obras sociales puedan brindar estos servicios, mediante la suscripción de los convenios o acuerdos correspondientes”.
Entendemos que uno de los puntos a tratar es la cuestión de los costos, ya que actualmente un test rápido posee un valor de $ 3.500 - $ 3.700, y un PCR ronda los $ 6.700, siendo que las obras sociales estarían pagando $ 4.200, otras $ 5.450, por lo que se debería evaluar todo lo relativo a elementos de seguridad, cofias y demás para que los afiliados tengan la posibilidad de que sus obras sociales le cubran esos gastos y a su vez, el sector de los bioquímicos y otros del sector privado puedan trabajar mancomunadamente con el sector público, frente a la actual emergencia”.
Gialluca recordó que “existe un gran colectivo en nuestra sociedad que no posee coberturas de salud y es aquí donde el Estado provincial los está asistiendo integralmente en todos los aspectos, y por ello nuestra ocupación está puesta hoy en todas aquellas personas que van a operarse, y luego a las que tienen o quieran realizarse un test por haber sido contacto estrecho o por razones laborales”.