La decisión que toman ciertas personas, en determinados momentos y lugares del país, de desobedecer diferentes normas establecidas, sean sanitarias o de otro tipo, no es algo nuevo en la Argentina, pero genera mayores efectos negativos en el escenario actual de pandemia. Por ello, es necesario que la mayor parte de la sociedad se comprometa a lograr un mayor respeto de las normas, para poner límites a la “cultura de la transgresión” que atraviesa a todos los sectores, por las enormes consecuencias que genera en el mediano y largo plazo.
De acuerdo a una Encuesta de Cultura Constitucional realizada por IDEA Internacional y Poliarquía Consultores en siete ciudades del país y publicada como libro hace algunos años, en la Argentina existe una sociedad “anómica”, que tiene problemas serios de cumplimiento de las leyes y de la Constitución. El 80% de los entrevistados consideró que nuestro país funciona la mayor parte del tiempo fuera de la ley; un 83% que los argentinos son desobedientes y transgresores; y un 34% afirmó que están dispuestos a desobedecer la ley si es necesario para ellos.
En paralelo, hay que recordar que el jurista Carlos Santiago Nino definió a la “anomia boba” como una inobservancia de la ley que no favorece a nadie, ni a los responsables de hacerla cumplir ni a sus destinatarios.
Esta anomia puede ser provocada no solo por las autoridades, sino también por los destinatarios de las leyes, a través de diferentes conductas, como el incumplimiento de simples normas de tránsito que se relacionan con la circulación en una ciudad. Los comportamientos de anomia boba terminan perjudicando a todos y todas, en diferente medida y en distintas circunstancias. A su vez, esto provoca una falta de cooperación social necesaria para la construcción de instituciones y de legalidad.
Si bien los cambios culturales requieren tiempo y un esfuerzo importante, el contexto actual marca la urgencia de conformar un núcleo crítico en nuestra sociedad, diverso, apartidario y multisectorial, que promueva un mayor respeto por las normas sanitarias y las diferentes leyes, al igual que una amplia participación ciudadana en la vida democrática, que facilite la elaboración de normativas que sean necesarias o la actualización de ciertas reglamentaciones.
Asimismo, la mayor parte de la sociedad tiene que adquirir el hábito de reclamar el respeto de sus derechos y el acatamiento de sus obligaciones, al igual que el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y de la clase política en general. Para lograr todo esto, primero tiene que existir una toma de conciencia acerca de la gravedad de no respetar las leyes y los códigos de convivencia.
Entonces, a través del acatamiento de las leyes, se debe revalorizar la intervención ciudadana, y también a la política como herramienta para mejorar la vida de las personas. Por ello, se requiere no solo un accionar serio y responsable por parte de los funcionarios, sino también un aporte cotidiano y constructivo proveniente de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, que será sumamente significativo. La coyuntura actual marca la urgencia de que cada persona haga su contribución para poder salir con éxito de la emergencia sanitaria.