La Defensoría del Pueblo de la Provincia, a través de su Dirección de Salud y Vivienda, intimó formalmente a distintas obras sociales a implementar todas las medidas necesarias para regularizar la provisión de medicamentos a sus afiliados.
El organismo explicó que esta intimación se fundamenta en las insistentes denuncias, reclamos y quejas de los afiliados a las diferentes obras sociales que funcionan en la provincia, relacionadas con la no entrega de medicamentos oncológicos o para pacientes denominados crónicos.
Indicó que a ellos se les suma el suministro discontinuo de medicamentos, como es el caso de los diabéticos o personas con otras enfermedades que demandan la ingesta de medicación permanente, ya que así lo han prescripto los profesionales de la salud que los atienden.
En tal sentido, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, advirtió a todas las obras sociales que de no regularizar o justificar sus incumplimientos debidamente, se dará intervención a la Superintendencia de Servicios de Salud, tanto a la Delegación Formosa como a su área central, a cargo del licenciado Eugenio Daniel Zanarini, dependiente del Ministerio de Salud de Nación.
Gialluca manifestó que “aquí ya no estamos hablando de medicamentos de determinados laboratorios o genéricos. Lo que venimos observando es el incumplimiento por parte de las obras sociales de asegurar la provisión de medicamentos en tiempo y forma para el tratamiento de enfermedades crónicas”.
Al respecto, el funcionario recordó que “es obligación de las obras sociales conforme a lo dispuesto por el Decreto 297/20 y sus prórrogas, entregar más medicación, de manera que en los casos antes citados, la entrega supere los períodos habituales”.
“En definitiva –añadió-, si bien esta pandemia ha traído una serie de inconvenientes en lo que respecta puntualmente a lo que es la obtención y distribución de medicamentos, especialmente en algunos casos que son proporcionados solamente por algunos laboratorios, lo que es inadmisible es que la información que se les proporciona a los afiliados a las obras sociales no sea la adecuada y -peor aun- cuando no se la brindan”.
Gialluca denunció que “es allí donde comienza todo un calvario para el enfermo y su entorno familiar, que debe acudir mendigando, lo que constituye un bien público relacionado directamente con la vida y la salud de las personas; no pudiendo considerarlo una mercancía, concepto que podrán tener los laboratorios pero nunca las obras sociales”.