Cuando decretó la cuarentena, el Gobierno nacional pareció honesto y seguro de sus decisiones. La palabra oficial infundió confianza y la noción de que la dirigencia estaba haciendo las cosas bien, con firmeza y prudencia a la vez, ya que la premisa -de muy buen tino- era escuchar el consejo de los expertos.
Sin embargo, a poco de andar, fueron apareciendo torpezas, contradicciones y desmesuras que pusieron en duda la impresión inicial. Valga recordar las colas en todo el país de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, quienes se agolparon a las puertas de los bancos para recibir sus pagos.
Aun cuando era evidente que todas esas personas saldrían a la calle a cobrar después de dos semanas de sequía, desde el poder central se dijo que “nadie preveía que iba a aparecer tanta gente”. La imprevisión -no hace falta recordárselo a los abogados que conforman los distintos gobiernos- es negligencia.
Además, dos escándalos acompañaron los primeros días de cuarentena: la compra con sobreprecios de alimentos y productos de primera necesidad para los sectores más vulnerables, y la adquisición de un lote importante de barbijos vencidos. Responsables: el Ministerio de Acción Social de la Nación, por un lado, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otro. Oficialismos de distinto signo político, vale aclarar.
Asimismo, con el correr de los meses fueron dándose decisiones, gestos, actitudes e incluso declaraciones que instalaron malestar en distintos sectores. Entre estas últimas se cuenta una del propio Presidente Alberto Fernández, quien atinadamente llamó a los argentinos/as “a ser solidarios, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo”, pero al mismo tiempo calificó de “miserables” a los empresarios que “se olvidan de quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden”.
El mensaje pudo haber estado dirigido a ciertos grandes empresarios del país, pero afectó a muchos otros que, mientras sufrían la drástica paralización económica de las primeras semanas, se sintieron injustamente atacados por el Gobierno nacional.
Grave error de la política voluntarista pensar que con Decretos de Necesidad y Urgencia, u otras medidas transitorias, se puede lograr que el empleador subsista o genere el dinero para pagar a sus trabajadores sin facturar un centavo o facturando mucho menos de la mitad que antes de la pandemia.
La idea, equivocada de cabo a rabo, es que todo emprendedor que tiene algún dependiente es un explotador que se sirve del trabajo ajeno para enriquecerse y que cuenta con reservas inagotables de recursos para mantener una industria que no produce, un comercio que no vende, y para subsidiar con impuestos agobiantes a algunas organizaciones sociales que hacen con la pobreza y el hambre un descomunal negocio económico y político.
No es obligación del Estado, en la emergencia sanitaria, servirse de la riqueza ajena hasta que se agote, sino promover su generación con políticas que permitan ver luz natural y esperanzadora al final del túnel socioeconómico que estamos atravesando, y no el faro frontal de una locomotora.