Varios analistas advirtieron que la línea de pobreza que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos se acerca al nivel medio de los salarios que pagan las empresas formales. Esto significa que un gran número de personas, aun teniendo un empleo privado registrado, no logra salir de la pobreza. Esta realidad tiene que generar medidas concretas por parte de las autoridades en lo concerniente a las recomposiciones salariales y a la generación de producción y empleo. Ambas cuestiones serán indispensables para evitar que los niveles de pobreza y de indigencia lleguen a niveles históricos.
El INDEC informó que en octubre de 2020, el valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó una cifra cercana a los $ 50 mil. La CBT también se conoce como la “línea de pobreza”, el conjunto de bienes y servicios básicos que una familia tipo necesita consumir para no ser considerada pobre. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino indicó que ahora se está observando una situación preocupante para quienes cuentan con un empleo asalariado registrado.
En este marco, el IDESA detalló que según el Ministerio de Trabajo y el INDEC, se observa que en el 2000, el nivel promedio del salario privado registrado era de $ 43 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo era de $ 37 mil a precios actuales; además, en agosto del 2020 el nivel promedio del salario privado registrado es de $ 48 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo es de $ 45 mil. Por ello, mientras que en el 2000 el nivel promedio del salario era un 15% superior a la línea de pobreza, en el año 2020 pasó a ser superior en apenas un 6%. Estos guarismos evidencian que en lo que va del siglo XXI hubo un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios en el sector formal, que ubica debajo de la línea de pobreza a buena parte del personal del sector privado.
Para el IDESA y para diferentes economistas, la caída general en el nivel de vida de la población y la suba en los niveles de pobreza son la consecuencia de que cada vez se producen menos bienes y servicios por persona, en un contexto de recesión económica iniciada en 2018 y agravada este año por la pandemia y la cuarentena.
Por lo expuesto, puede afirmarse que si bien es importante que la gestión nacional haya anunciado recientemente un plan para ofrecer financiamiento accesible a las pequeñas y medianas empresas, no podrá lograrse una verdadera reactivación económica del sector PyME ni de los demás actores de la economía sin una serie de decisiones que atiendan diferentes problemas que aún no fueron resueltos.
En este sentido, se requieren, por ejemplo, reducciones reales del gasto público y una reforma tributaria significativa, que quite cargas impositivas a los emprendedores y a los asalariados con ingresos que se ubiquen en torno a los valores de la Canasta Básica Total (elevando los topes y escalas de Ganancias), y modificaciones en las cadenas de “formación de precios”, para de ese modo elevar la capacidad de inversión y de productividad de cada sector y recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Si no se toman estas medidas, y muchas otras que se puedan discutir en una mesa de diálogo, no habrá recuperación del mercado interno y los efectos de la crisis en el tejido social serán aún mayores.