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La Defensoría pidió tarifas subsidiadas para usuarios en situación de vulnerabilidad


La Defensoría del Pueblo de la Provincia participó de la última reunión plenaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), realizada bajo la modalidad de sala virtual.

En la ocasión, el ombudsman provincial José Leonardo Gialluca, quien forma parte de la comisión directiva de la Asociación, aludió a “la necesidad de dotar a los sectores económicamente más vulnerables de la cobertura de subsidios en las tarifas de los servicios públicos”.

En tal sentido, señaló que “desde hace décadas se ha visibilizado la situación de los sectores económicamente más vulnerables de nuestra comunidad, que dado lo escaso de sus ingresos, sumado el incremento a veces descarnado de las tarifas, como el más de 3.000% en energía y 1.500% en gas que en sólo tres años aplicó la gestión de Mauricio Macri, hizo y hace que vastos sectores sociales no puedan afrontar el costo de la energía, el gas, incluso el agua potable”.

Advirtió que “esta situación se ha agravado por la pandemia, la cual ha generado las condiciones para que un sinnúmero de argentinos se hallen en situación de desocupados o con sus ingresos reducidos, sea por la inactividad dada la coyuntura sanitaria por la que atraviesa el país”.

El defensor del pueblo señaló que respecto de los subsidios, el Gobierno nacional plantea direccionarlos hacia las familias beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), es decir, a:

1) los trabajadores y trabajadoras informales

2) los trabajadores y trabajadoras de casas particulares

3) los monotributistas sociales; los monotributistas de las categorías A y B.

No obstante ello, Gialluca peticionó a ADPRA que es preciso sugerir a la Secretaría de Energía de la Nación que se incluyan a otros sectores que serían: los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos sueldos mínimos; los trabajadores que cobren el subsidio de desempleo; los hogares en los que conviva una persona con discapacidad debidamente certificada; los veteranos de guerra que no posean más de un inmueble; las personas electrodependientes; sin perjuicio de otras categorías que, por razones de justicia social, deban ser incluidas como beneficiarias.

Esta propuesta finalmente fue aceptada por ADPRA y convertida en Declaración, la cual se notificará al Gobierno nacional a los efectos de su consideración y eventual aplicación.



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