La palabra clave es título de esta columna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó al Gobierno de Formosa que ejerza sus potestades “de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales” en su Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de personas que quedaron fuera de la provincia cuando se decretó la cuarentena por la pandemia del coronavirus hace ocho meses. Ni más ni menos que lo que, desde distintos sectores -este medio incluido-, se le comenzó a advertir al Consejo del COVID-19 cuando la espera de algunos “varados” se tornó francamente inhumana.
El Máximo Tribunal hace notar -de manera razonable entendemos- “la insuficiencia del sistema instaurado para responder a la legítima demanda de pedidos de autorización de ingresos” y afirma que las restricciones establecidas por las autoridades formoseñas “no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades más allá de lo tolerable”. Aunque sí es probablemente cuestionable, y preocupa a más de uno, el plazo de apenas 15 días hábiles para solucionar la situación de los miles que todavía no pudieron ingresar.
Es razonable, asimismo, la respuesta del Gobierno local de aceptar el fallo y comenzar a trabajar inmediatamente -ese mismo día- para darle cumplimiento; fallo que, también es razonable destacarlo, reconoce las facultades de la Provincia para establecer las medidas de prevención que considere adecuadas frente a la pandemia. Esto implica reconocer la validez del ingreso con la cuarentena obligatoria y los controles sanitarios pertinentes.
Más allá de exhortaciones épicas y de reacciones cuestionables de quienes piensan puerilmente que acá hubo un “ganador”, o que esta resolución judicial puso fin al problema, lo cierto es que Formosa tiene un desafío logístico y sanitario titánico en las próximas dos semanas: recibir a más de ocho mil personas, hacerles los controles de rigor, alojarlas, darles de comer, brindarles seguridad, y tratar de evitar por todos los medios que los eventuales contagiados (“este ingreso traerá seguramente nuevos casos positivos”, se alertó ayer desde el Consejo) puedan propagar el virus en una comunidad que hasta el momento continúa mayoritariamente sin circulación viral.
Lo razonable pues, en el actual contexto, es que los “repatriados” no ingresen como ganado, sino que cumplan efectivamente las medidas que se vayan adoptando, para no herir el correcto estatus sanitario legítimamente obtenido por la Provincia. Esto es, el regreso de tanta gente en tan corto lapso de tiempo no deberá darse a tontas y a locas, sino respetando los protocolos ajustados a la nueva realidad, siempre con razonabilidad.
Razonable sería, dicho sea de paso, que quienes ingresarán, con todo derecho y después de haber soportado tantos meses afuera, no se apuren ahora que les falta tan poco para pisar suelo formoseño y respeten los ajustes necesarios en el esquema preventivo.
De igual modo, algunos sectores hoy exultantes deberían actuar con razonabilidad y no tratar de subirse a ningún podio. Como dijo La Mañana en su editorial del 15 de noviembre, no se trata de una pulseada política, sino de poner en la balanza los derechos humanos, tanto de los que están aquí como de los que van a ingresar.