El nuevo proyecto de ley de legalización del aborto que será tratado por el Congreso nacional tiene 21 artículos. Entre ellos, fija que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, obliga a los servicios de salud a realizar la práctica en el plazo de diez días desde la solicitud y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico o médica.
En lo concerniente a este tema, Laura García Vizcarra, periodista e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó que el Congreso trate en sesiones extraordinarias el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También, la militante feminista señaló a La Mañana que de ser aprobada, esta iniciativa marcará un “paso histórico”: habrá más mujeres que tendrán acceso al sistema de salud y menos mujeres que serán judicializadas. “Esto habla de un país que va avanzando en cuanto a derechos para las mujeres”, acotó.
“Todas aquellas personas que venimos militando por esto estamos muy contentas. En lo estructural, el proyecto de este año es muy similar al de 2018. Conserva su espíritu. Ambas iniciativas procuran que haya más mujeres que accedan al sistema de salud y menos casos judicializados”, explicó García Vizcarra a este diario.
“La Objeción de Conciencia individual es una incorporación nueva dentro del proyecto. Las instituciones no tienen conciencia, por lo cual se plantea que los profesionales pueden objetar. No obstante, la práctica se debe garantizar: aquel médico o médica que objeta, tendrá que derivar a la paciente a otro médico o médica. En caso de que en una ciudad no existan profesionales que quieran realizar la intervención, la paciente deberá ser derivada a otra ciudad”, agregó.
“Hay diferencias, y algunas son muy sutiles, como la cantidad de días que deben transcurrir desde la demanda del procedimiento hasta que el aborto se realiza. El proyecto de la Campaña dice que deben transcurrir cinco días corridos. El texto que se está tratando en el Congreso establece diez días. Pero el espíritu es básicamente el mismo. Creemos que se trata de un proceso colectivo, y que éste es un momento trascendental, que nos va a llevar a generar conciencia”, puntualizó.
“En un sistema de salud colapsado a nivel nacional, hay internaciones por abortos que complejizan al sistema, porque hay abortos que fueron practicados de manera clandestina debido a que la mujer aborta cuando quiere hacerlo, y que luego generan que la paciente concurra con problemas al sistema de salud; y esto implica una internación y un costo elevado”, detalló.
“En cambio, si la Interrupción Voluntaria del Embarazo es prescripta con un medicamento que es el misoprostol, la mujer aborta de manera medicamentosa, segura y ambulatoria, por lo cual no implica para el Estado un gasto amplio. Al mismo tiempo, esto pone en igualdad de condiciones a aquellas mujeres que tienen ingresos importantes y pueden pagar un aborto clandestino en una clínica privada y a quienes no cuentan con ingresos suficientes para poder abonar un procedimiento de ese tipo”, especificó.
“Con esta ley, estamos acompañando la salud y la vida de las mujeres y de las personas gestantes, y en paralelo estamos ‘alivianando’ al sistema de salud, una cuestión muy importante”, apuntó.
Por último, Laura García Vizcarra consideró que en Diputados la iniciativa recibirá un tratamiento favorable, pero evaluó que el Senado tratará el proyecto en 2021. “Es un debate que la sociedad necesita, se esté a favor o en contra, o aunque se sea un indeciso. La única forma de avanzar culturalmente y transformarnos como sociedad es el diálogo, el debate, respetando lo que piensa la otra persona. Pero esto no debe llevar a discusiones violentas, ni a enemistarnos con gente que queremos”, opinó.