A través de una nota enviada al gobernador, Gildo Insfrán, Amnistía Internacional solicitó información sobre la política sanitaria provincial, principalmente sobre el criterio para el ingreso administrado, la situación de algunas personas que esperan el permiso y cuántas solicitudes han recibido hasta ahora. También quiere saber los motivos por los que se aceptaron o rechazaron los pedidos.

“En los últimos días se han hecho públicos casos de personas que se encontrarían varadas en los límites provinciales con la provincia de Chaco o con restricciones de ingreso, sin poder regresar a la provincia de Formosa, lugar donde residen. En particular, se conocieron los casos de Camila Suárez e Hilda Paredes, varadas en el puente El Colorado de la provincia de Chaco; y el caso de Luis León, varado en la ruta 11 de la localidad Puerto Eva Perón, de la provincia de Chaco”, mencionó el organismo.

A su vez, recordó la situación de Mauro Rubén Ledesma, “quien habría fallecido ahogado, intentando cruzar el río Bermejo desde la localidad de San Martín, provincia de Chaco, hacia la localidad de El Colorado, provincia de Formosa, donde residían él y su familia. Sin embargo, a partir de sus propios relatos, habría más personas en la misma situación”.

Medidas

La entidad reconoció “el enorme esfuerzo que el Estado Argentino y, en particular, la Provincia de Formosa están haciendo para dar una respuesta integral a una crisis sanitaria de una magnitud sin precedentes en la historia reciente”.

De todas maneras, planteó que si bien el derecho internacional de los Derechos Humanos prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones excepcionales -como la pandemia de COVID-19-, “cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, para evitar que sea utilizada de manera ilegal, abusiva y desproporcionada”. Amplió diciendo que estas medidas no deben durar indefinidamente, deben estar sujetas a un examen periódico y significativo, y tener “el mínimo impacto posible en los Derechos Humanos”.

Al respecto, mencionó que los órganos de seguimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la ONU han exigido un planteamiento respetuoso con los derechos humanos a la hora de combatir la pandemia, señalando que “estos controles han de realizarse dentro de un marco legal válido” y han resaltado que “un estado de emergencia, o cualquier otra medida de seguridad, debe guiarse por los principios de los derechos humanos”.

Amnistía pidió tener la información de once puntos en un plazo de 15 días. Remarcó que no se solicita la divulgación de ninguna información que incluya datos personales de las personas involucradas.

“Para el caso en que algunos de los datos solicitados no estén a su disposición, le solicitamos nos informe acerca de las vías de acceso a dicha información o bien nos indique si los datos no han sido registrados”, cierra la carta enviada a Insfrán.

González

Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Jorge González, aseguró no tener conocimiento de que el Gobernador haya recibido la solicitud. Sin embargo, señaló que la Provincia ha contestado “infinidad de veces” a pedidos de informes realizados por Amnistía Internacional. Por eso, dijo que este será “uno más” para contestar, remarcando que el Consejo COVID-19 “no tiene nada que ocultar”.

“Por supuesto que le vamos a responder, como lo hemos hecho siempre a éste y otros organismos internacionales”, concluyó. Finalmente, evitó opinar sobre los temas planteados hasta no tener el documento específico.

La ONG solicitó a la provincia información sobre:

1. Cuántas solicitudes de ingreso a la provincia recibió desde el inicio del ASPO a la actualidad.

2. Número de solicitudes de ingreso que fueron admitidas y cuáles denegadas.

3. Los motivos del pedido de ingreso y los fundamentos por los cuales fueron rechazados.

4. Registro de personas varadas en los límites provinciales esperando autorización para ingresar, incluyendo los motivos por los cuales se le rechazó el ingreso, y si la provincia brindó la posibilidad de adoptar medidas para su ingreso.

5. Si Formosa prestó colaboración a personas varadas en límites provinciales para proveerse de alimento, abrigo y condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

6. Si Formosa gestionó con provincias limítrofes involucradas que las personas en dicha situación tengan acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para la prevención del COVID-19.

7. Si algún organismo público nacional o provincial habría intervenido o solicitado información en la situación de los varados.

8. Detalle de la situación actual de las solicitudes de ingreso a la provincia de Camila Suárez, Hilda Paredes, Luis León, Diego D. Andrés, Mauro Muñoz, Luz N. Cubilla, Lucas E. Orrego, Aníbal Vargas y Daniel Cubillas.

9. Sobre la situación de la solicitud de ingreso de Mauro Rubén Ledesma, indicando en qué límites de la provincia se encontraba, motivos del pedido de ingreso, motivos por los cuáles no se le habría brindado la autorización, si la provincia le brindó la posibilidad de realizarse un hisopado y los hechos que terminaron con su muerte.

10. Informe de la normativa provincial que se aplica en estos casos en el marco de la pandemia de COVID-19, señalando número de ley, decreto o resolución provincial.

11. Detalle del protocolo que se aplica para el control de ingreso de personas.