Los problemas de la infancia en nuestro país se han agravado sensiblemente este año como consecuencia de la crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia. En el actual contexto, el flagelo de la desnutrición se agiganta, proyectando su sombra espectral sobre nuevos conglomerados que van cayendo de la pobreza a la indigencia.

Por desgracia, como reconocen funcionarios de provincias norteñas, todos los años se producen muertes por desnutrición infantil. Sin embargo, la situación que se vive hace esperar que las cosas empeoren en el corto plazo, por lo menos hasta que la actividad económica se recupere, cosa que recién ocurriría, con suerte, el año próximo.

En 1990, Argentina aprobó la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989, y a la que en 1994 la Reforma Constitucional le concedería la máxima jerarquía, esto es, el mismo valor que a la propia Constitución.

Desde 1990 hasta hoy, el país transitó un largo período durante el cual ocho presidentes de distintas extracciones políticas ocuparon el gobierno central. Sin embargo, a lo largo de estas tres décadas, y al margen del coronavirus, la Argentina no ha podido resolver deficiencias estructurales. Los flagelos sobre los derechos de los niños y las niñas son uno de ellos.

Hablar de infancia desvalida es abrir una puerta que conduce hacia innumerables caminos de debate y reflexión: pobreza, desnutrición, educación, conflicto con la ley penal y, lamentablemente, mortalidad.

A pesar de los informes oficiales según los cuales la tasa de mortalidad infantil viene disminuyendo a nivel nacional y en varias provincias, la infantilización de la pobreza -esto es, la concentración del empobrecimiento en las franjas más jóvenes del país- continúa creciendo y este año batiría récords.

Detenernos a repensar esto nos conduce hacia el presente, pero sobre todo hacia el futuro, entendiendo que la infantilización de la pobreza es una deuda actual cuyos intereses se pagan día a día e hipoteca nuestro futuro: la transmisión generacional de sus efectos nos asegura chicos/as y adultos con deficiencias.

Generar políticas públicas integrales, transversales y sostenidas en el tiempo puede permitirnos romper ese círculo vicioso intergeneracional a través del cual la malnutrición perpetúa la pobreza, y la pobreza perpetúa la malnutrición, tal como indica el informe de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia 2019 “Niños, alimentos y nutrición”.

No obstante los discursos, no hay consenso en la política argentina para dar una pelea a fondo contra este flagelo. Aunque tampoco bastaría con generar acuerdos. Más imprescindible que alcanzar acuerdos es mantenerlos en el tiempo.

Los derechos consagrados para niños, niñas y adolescentes son un eje fundamental para el desarrollo sostenido de un país, y colocarlos en escala de prioridad no debe ser sólo una decisión ocasional, sino una política inalterable de Estado.