Este miércoles, la Justicia Federal ordenó al Gobierno provincial fijar fecha de ingreso a 81 estudiantes que están en Corrientes y Chaco, además de seis personas de otro grupo de varados. Por otra parte, estableció que la Provincia tiene 72 horas para dejar entrar a una familia compuesta por una pareja y su hijo.
Esto se dio a partir de dos fallos del juez federal subrogante Fernando Carbajal, el primero de ellos haciendo lugar al habeas corpus presentado por los abogados Gabriela Neme y Daniel Suizer, en representación de los universitarios, y al recurso planteado en nombre del niño y sus padres por Carlos Lee y Fabrizio Villaggi Nicora. Como viene sucediendo en los casos anteriores, es esperable que la Provincia apele estas decisiones del magistrado.
En el primero de los fallos, Carbajal fijó un plazo de 48 horas para que el Gobierno informe y dé certezas sobre cómo y cuándo entrarían, a través del Programa de Ingreso Administrado, 81 estudiantes universitarios que pidieron sus ingresos a la provincia desde Chaco y Corrientes.
Al respecto, la abogada Gabriela Neme comentó a La Mañana que la Justicia Federal consideró que el Consejo COVID-19 “se tiene que ir ajustando a estándares constitucionales para el ingreso”, porque “tenemos un cerco provincial que es abusivo” y opinó que esto fue “el causante de la muerte de Mauro Ledesma”.
Sobre la audiencia, Neme detalló que sólo cinco estudiantes estuvieron vía virtual por una cuestión de conectividad. La abogada dijo que sus testimonios fueron “desgarradores”, algunos tuvieron que empezar terapia psicológica y otros afirmaban que no lo hacían por no tener dinero para pagarla.
Planteó además que, mientras el Consejo COVID-19 establece como prioridad tener domicilio en Formosa, algunos estudiantes debieron cambiarlo para tener la cobertura de la obra social, sin que eso quite su pertenencia a la provincia.
Tras el fallo, Neme dijo que el Gobierno “tiene una actitud miserable; les dijeron a la fiscal y a los jóvenes que se van a hacer responsables si hay muertes en Formosa, cuando nadie dice que no cumplan los protocolos”.
Familia
El segundo caso involucra a nueve personas, ocho adultos y un niño. Aquí, Carbajal resolvió que la Provincia tiene 72 horas para dejar entrar al niño y sus padres, aplicando la Convención de Derechos del Niño porque rige el interés superior del niño.
Sobre los otros seis adultos, el juez ordenó al Estado provincial fijar en 48 horas una fecha para que también puedan entrar.
Varados
Además, con fecha de este miércoles, la Cámara Federal de Apelaciones desestimó la propuesta del Gobierno de dejar ingresar el 9 de diciembre a tres varados sobre los cuales la Justicia ya se había expedido. En consecuencia, estableció que Juan Marcelo Ocampo, David Sebastián Candia y Antonella Espínola “deberán ingresar a la provincia de Formosa en un plazo máximo de 72 horas a partir de ser notificada la presente, cumpliendo los protocolos necesarios a efectos de garantizar una adecuada protección frente al COVID-19”.
Por este caso, tras el fallo de la Cámara, la Provincia había recurrido a la instancia de Casación. Consultado al respecto, Carlos Lee, uno de los abogados de estas personas, explicó que más allá de esta nueva instancia, este nuevo documento los obliga a cumplir con el ingreso, al considerar el órgano judicial que la fecha del 9 de diciembre es “irracional”.
“Es lamentable que en todo este tiempo que llevamos de cuarentena el Consejo Integral de la Emergencia no haya podido adecuar centros de aislamiento para que puedan volver a sus hogares”, expresó el abogado.