No hay cosa más difícil para la política argentina que alcanzar un acuerdo económico social. Formosa misma conoce las trabas que se presentan a la hora de acercar a los distintos sectores, ya que a lo largo de tres décadas no ha sido capaz de crear el Consejo Económico Social que manda la Constitución provincial desde la reforma de 1991.

La cuestión no resulta sencilla por diferentes motivos. En nuestro país hay una división entre los sectores con poder de lobby y los que no lo tienen. Grupos y cámaras empresarias, sindicatos que representan a los trabajadores formalizados, diversos intereses corporativos han avanzado desde hace varias décadas sobre el Estado en desmedro del interés general.

Por otro lado, los jubilados, los pensionados, los monotributistas, quienes trabajan fuera de la formalidad y los pobres en general, cuentan con limitadas posibilidades de influir en las decisiones políticas. Aunque en el caso de los más pobres apareció hace unos años la herramienta del piquete, que también permite medrar a cierta dirigencia explotando las carencias de ese sector social.

Ante la nueva crisis y los problemas de desinversión y distorsiones de su economía que afloran, algunos vuelven a proponer hoy un acuerdo económico social. Pero una cosa son los acuerdos respetuosos del mandato constitucional, y otra muy distinta los pactos corporativos entre sectores con capacidad de lobby. Estos -lo marca la historia- sólo sirven para convenir el reparto de prebendas y el mantenimiento de estructuras obsoletas e ineficientes.

El país lleva estancado casi una década, el nivel de vida de la población se deteriora y el alto porcentaje de pobres e indigentes escandaliza ante las inmensas posibilidades potenciales que ofrece nuestro territorio. Mientras, seguimos esperando las inversiones que permitan un crecimiento explosivo de la riqueza, generando trabajo bien pago, único modo de bajar la pobreza. Pero no habrá inversiones de magnitud en tanto y en cuanto no se garantice que las reglas de juego se mantendrán en el tiempo.

Salir de esta encerrona no demanda menos política sino más, pero de la buena. Una política que sea capaz de lograr consensos duraderos en torno a los siguientes aspectos: destierro del hambre, lucha eficiente contra la pobreza, respeto a los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos, perdurabilidad de los sistemas impositivos y recuperación de la calidad educativa.

Cuando la política argentina logró esos consensos básicos, más allá de las disputas por las posiciones de poder, creció. Cuando, por el contrario, se impuso la idea de la intransigencia, de negar los acuerdos fecundos y constructivos, aparecieron las grietas y los hegemonismos.

Esa ha sido la constante desde hace por lo menos un siglo y ninguno de los partidos con responsabilidades de gobierno en estos cien años está exento de culpas porque todos cometieron graves errores.

Por eso lo que se espera hoy de la política es que inicie un camino virtuoso para el desarrollo de las fuerzas productivas, y así comenzar un ciclo largo de crecimiento económico equitativo.