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Una buena iniciativa del Gobierno nacional en el corto tiempo transcurrido entre su asunción y la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus fue el denominado Plan Argentina Unida por Educación y Trabajo. Anunciado por el propio Presidente en enero, consistía en poner a trabajar en el arreglo de mil escuelas de todo el país, a 30 mil beneficiarios de planes sociales. Esto en una primera etapa.

Varias provincias alcanzaron a poner en esa agenda un determinado número de establecimientos educativos a mejorar, aunque las labores previstas no se limitaban al reacondicionamiento de edificios escolares, sino que incluían también intervenciones en espacios públicos. Poco se pudo avanzar con este plan debido a la cuarentena implementada dos meses más tarde.

No obstante, vale ponderar algunos aspectos de aquella decisión política, como que haya sido tenida en cuenta la igualdad de género a la hora de diseñar el programa. En ese sentido, según se anticipara, se había dispuesto que trabajaran la misma cantidad de mujeres que de hombres. De modo que, desde el punto de vista de la paridad -si lo anunciado se cumpliese-, el plan resulta irreprochable y puede servir para difundir los valores igualitarios.

Mientras regresan paulatinamente las clases presenciales en algunos distritos, cabe recordar que el costo de la iniciativa variaba según la provincia, aunque la idea era que cada una aportara un monto similar al de Nación; para materiales, kits de herramientas y logística en el primer caso, para los titulares de planes sociales en el segundo.

Los trabajadores incluidos en el Plan Argentina Unida por Educación y Trabajo comenzaron recibiendo 8.500 pesos mensuales en carácter de salario social complementario y estaba previsto que recibiesen una suma similar en marzo cuando certificaran las tareas realizadas en febrero. Las mejoras avanzaron en algunos casos, quedaron interrumpidas en otros, y no faltaron las escuelas huérfanas de apoyo en todo sentido.

De normalizarse en algún momento la actividad escolar en el país, el mencionado programa debería ser relanzado, y con mayores alcances. Porque como dijera a principios de año el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se trata de una la política social esencial del Gobierno. Nada menos que el vínculo entre la escuela, la educación y el trabajo.

No se trata pues de ensayar una política estacional transitoria. La idea de dignificar el trabajo como una forma de alentar la posibilidad de que muchas personas desocupadas o marginadas vuelvan a sentirse valoradas por su aporte a la sociedad debe ser bienvenida todo el año, más en un país donde se suele confundir el empleo informal con la explotación y los subsidios del Estado con dádivas políticas.

Todos los planes sociales anteriores, llevados adelante tanto por el kirchnerismo como por el macrismo, así como por fuerzas políticas provinciales, deberían servir de experiencia para no volver a repetir fracasos por errores conocidos: falta de controles, desvíos, reparto de dinero entre punteros políticos, maniobras extorsivas, etc.



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