Las crónicas policiales suelen ser terreno propicio para -además del morbo fácil y el simplismo de la sangre que atrapa a algunos- detenerse en las causas que explican las peores miserias humanas. En otras palabras, se trata de pensar cuáles de todas las variables ante tanta muerte evitable suben o bajan cada determinado período de tiempo.

Paradójicamente, las fases del aislamiento y distanciamiento social por el coronavirus han contribuido a mejorar algunas estadísticas, por ejemplo, aquella que compete a incidentes en calles y rutas. Los siniestros viales, que hace rato representan la mayor causa de muerte no natural en la Argentina, tienen una reducción histórica este año por la abrupta disminución del tránsito a partir de marzo. En cambio, por el aumento de las depresiones a raíz del largo confinamiento, no se esperan buenas noticias con relación a los suicidios.

Lo que continúa sin mayores alteraciones son los delitos, desde hurtos y asaltos, hasta crímenes aberrantes, pasando por violencias de todo tipo, con la de género ocupando los primeros lugares.

Se trata, como hemos dicho en otras oportunidades, de la cifra “blanca” del delito; es decir, aquellos episodios que sí son denunciados (muchos no lo son por falta de confianza en las fuerzas del orden) y que representan sólo una foto un tanto movida de la realidad comunitaria.

Tenemos entonces una auspiciosa disminución de los siniestros viales, combinada con la negra sospecha de que podrían aumentar los intentos de suicidio a causa de la prolongada cuarentana, en el marco de un amplio muestrario de inseguridades que mantienen en vilo a la sociedad argentina.

Los robos diarios provocan situaciones de zozobra que se agravan en aquellos barrios donde se palpa que para el narcotráfico no existe la pandemia de COVID-19. Lejos de menguar, la oferta de cocaína, marihuana, paco y pastillas al menudeo sigue consolidándose, con todo lo negativo que esto trae aparejado. De hecho, aun con fronteras cerradas continúan incautándose estupefacientes en Formosa y la región.

A consecuencia de ello aparecen sectores dominados por una dinámica perversa, donde el delito configura las relaciones comunitarias. Hipotecas sociales que también deben ser consideradas, dado que no escapa a este análisis la dura crisis económica, social y sanitaria que conmueve al país en su conjunto.

Especialistas en estos asuntos sostienen que la inseguridad es hija de la exclusión social. Lejos de trazar un vago paralelismo entre pobreza y delito, categorías que no tienen relación directa entre sí, lo que pretende sintetizarse es que detrás de tanto robo y reclamo vecinal existe una cuestión de fondo que escapa a las fuerzas policiales.

Por más inversión en armas, móviles, personal y recursos tecnológicos que hagan nuestros gobernantes, el delito sigue empeñado en anidarse en aquellos sectores donde la vulnerabilidad estructural establece prioridades de supervivencia al margen de la ley.

De ahí la relevancia de las áreas de Desarrollo Social. Ellas constituyen el primer escalón para intentar revertir la inseguridad que asola.